La identidad

Según el diccionario de la RAE, identidad significa: “conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás”. Simple y complejo.

Las sociedades organizadas siempre han buscado maneras para saber quién es quién. En la medida que se desarrolló un sistema de derechos y obligaciones colectivas, donde el individuo quedó sujeto a cumplir ciertas reglas de convivencia basadas en la ley, la identificación de uno mismo frente a terceros se volvió una necesidad.

Hoy diversos tratados y convenciones internacionales establecen la identidad individual como un derecho humano: la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros.

En nuestro régimen jurídico, desde 1990, el artículo 36 fracción I establece que “…la organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional Ciudadano y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público y, por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley”.

En congruencia con lo anterior, leyes secundarias, reglamentos y acuerdos políticos (Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Justicia) prevén los objetivos, principios, procesos y características  que deben regir en la implementación del artículo constitucional citado.

El tema no es sencillo. En muchos países ha sido objeto de controversias al considerar que la información personal es privada y el gobierno puede hacer mal uso de ella como instrumento de control. En EU el asunto se debate intensamente y aún no se logra el consenso para establecer una “cédula de identificación”. En la práctica, la licencia de manejar o la credencial de seguridad social se usan con ese propósito.  De hecho, es difícil hacer cualquier transacción sin ellos.

En Europa el panorama es distinto: España tiene un documento de identidad obligatorio para todos sus ciudadanos, necesario para cualquier trámite ante las autoridades.

En México la credencial de elector se ha convertido en nuestra identificación. En mayo de este año, el entonces IFE reportó que 76.2 millones de mexicanos mayores de edad tenían credencial para votar. La solicitan autoridades, bancos, centros comerciales, notarios, ministerios públicos e incluso se requiere para obtener el pasaporte.

Según el INEGI, en 2010 residían en el país 112.3 millones de personas y cerca de 5 millones de mexicanos en el extranjero, la mayoría en EU. Es decir que hace cuatro años éramos cerca de 118 millones de mexicanos. De ese gran total más de 40 millones son menores de edad, por lo cual  no tienen acceso a la credencial electoral. ¿Qué hacer entonces para que esa población pueda ser identificada con certeza?

Los Registros Civiles en nuestro país han hecho mejoras sustanciales digitalizando y expidiendo de mejor forma las actas de nacimiento. Sin embargo, subsisten importantes rezagos y el problema se hace más grave para los habitantes de zonas rurales aisladas o semiurbanas con altos índices de pobreza.

El Renapo estima que cerca de 10 millones de adultos no tienen algún tipo de identificación, más los menores de edad cuyos padres batallan para inscribirlos en los servicios de seguridad social o educativa al no poder acreditar identificación. A ello se suman muchos mexicanos que viven en EU.

En 2002, la Cancillería mexicana lanzó una iniciativa para dotar a la población mexicana que residía en el país del norte con un documento que le permitiera identificarse: la matrícula consular. Con una cuidadosa planeación legal, política y de operación, encabezada por el embajador Enrique Berruga, subsecretario para América del Norte, se negoció con el banco Wells Fargo su aceptación. En unos meses, decenas de miles de paisanos contaban ya con una cuenta bancaria y con el tiempo, el documento fue reconocido por centenas de gobiernos locales y muchos estatales. Hoy se utiliza para sacar licencia de manejo, rentar una casa, pedir libros en bibliotecas públicas, visitar a parientes en cárceles, entre otros muchos beneficios, ¡sin importar la situación migratoria que tenga su portador!

El Renapo reportó, en 2012, haber expedido 7 millones de cédulas de identificación para menores. Es un biométrico que garantiza que su poseedor es la persona indicada en el documento. Con él se han podido registrar en escuelas, hospitales y centros deportivos. La cédula también coadyuva a combatir el tráfico y la trata de menores.

La decisión del Presidente de promover el “número de identificación personal para cada ciudadano con el objetivo de acceder más fácil a trámites y servicios gubernamentales, así como al sistema bancario y financiero”, es una buena noticia. Es una decisión que no sólo se justifica en el contexto de las medidas anunciadas para fortalecer la seguridad y el Estado de derecho, sino también como un elemento que ayude a elevar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto.

                *Director Grupo Atalaya

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