Derechos humanos y el Estado de derecho

Hace más de tres años años que se dio la reforma constitucional en materia de derechos humanos, uno de los cambios más trascendentes en nuestra historia legislativa y política.

El capítulo “De los derechos humanos y sus garantías” dejó atrás el concepto de “garantías individuales” y reconoció la  evolución que este tema ha tenido en todo el mundo, plasmado en diversos ordenamientos de derecho internacional del cual México es signatario.

Las Naciones Unidas lo reconocieron como el cambio más importante en esta materia en los últimos 25 años; Amnistía Internacional y un gran número de organizaciones de la sociedad civil festejaron y felicitaron al Congreso mexicano.

No es para menos, ya que se incorporaron al texto constitucional principios clave y de avanzada tales como: cuando existan divergencias de interpretación de una norma legal, se debe elegir entre aquella que más proteja al titular de un derecho humano;  establece la obligación del Estado mexicano (de los tres ámbitos de gobierno) de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; así como a prevenir, investigar, sancionar y reparara las violaciones a los mismos.

La Ley de Migración que entra en vigor el mismo 2011 es congruente con el nuevo marco constitucional, se caracteriza  por su orientación humanista. Reconoce los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros de una manera contundente y precisa, establece: que se respete su dignidad, su protección consular,  su derecho de audiencia, a la educación, salud, al interés superior de los niños, a traductor en caso de requerirlo, a la presencia de la CNDH en las audiencias que traten la situación de algún menor indocumentado en nuestro territorio.

En estos momentos el país se encuentra adolorido y consternado por los sucesos en Iguala, por el macabro encuentro de fosas con cuerpos de desconocidos que hace recordar la masacre de decenas de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y por las agresiones y abusos  que hoy sufren niños, hombres y mujeres que transitan hacia la frontera norte.

Es hoy lugar común, pero no por eso menos cierto, que en  México adolecemos de una gravísima debilidad de un verdadero estado de derecho; reformas y nuevas leyes como las descritas arriba carecen de sentido y utilidad si no se aplican.

Por todo lo anterior, la inminente elección del nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humano adquiere hoy más relevancia que nunca. La reforma constitucional le confirió a la Comisión mayores atribuciones; le trasladó facultades de investigación que tenía hasta entonces la Suprema Corte de Justicia y que ahora puede iniciar sin necesidad de una denuncia o petición de un tercero.

Establece que la elección del Presidente de esa Comisión debe ser mediante consulta pública y de manera transparente. Por ello se debe designar con un criterio apartidista, con verdadera visión de Estado, que la persona que asuma esa enorme responsabilidad sea capaz de responder a la exigencia colectiva por acabar con la cínica impunidad de quienes violan los derechos humanos en México.

Mauricio Farah es uno de los  aspirantes a ese puesto. Su trayectoria profesional es pública y demuestra su conocimiento, experiencia directa y vocación por defender los derechos de los migrantes.

Cuando fue responsable del asunto migratorio en la CNDH, fue autor de un reporte sobre secuestro de migrantes. En éste,  además de plantear una serie de recomendaciones a diversas autoridades federales y estatales —que bien podrían reiterarse ahora— recopiló múltiples testimonios que aparecen en el anexo de éste. Me permito citar
uno de ellos para asomarnos al horror que hoy nos
acongoja:  

“Aquí todos, en algún momento, nos quebramos. Ya ni nos daba pena llorar, éramos como perros aullando, como animales, pues. Nunca debí haberlo intentado, yo creía que lo lograría”.

                *Director Grupo Atalaya

                gustavomohar@gmail.com

                Twitter:@GustavoMohar