Asilados

En memoria del querido amigo y colega, embajador       Alfredo Philips Olmedo.

México tiene un merecido prestigio internacional por su política en materia de recibir a personas que huyen de sus países porque su vida corre peligro. En el siglo XX, miles de refugiados llegaron a las fronteras y puertos mexicanos, recibieron calurosas bienvenidas, facilidades para integrarse a nuestra sociedad, lugar para vivir y escuelas para sus hijos.

Durante la Guerra Civil en España, el gobierno de Lázaro Cárdenas dio acogida a personas que huían de la dictadura franquista y de la violencia desatada contra ellos por su ideología republicana y liberal. Décadas después, los golpes de Estado en Chile, Uruguay y Argentina obligaron a numerosos nacionales de esos países a salvarse en embajadas y consulados mexicanos, esperar durante meses los permisos de sus gobiernos represores para viajar a nuestro país e iniciar el doloroso proceso de retomar sus vidas.

Estados de la frontera sur de México también fueron receptores de miles de familias guatemaltecas reprimidas brutalmente por militares criminales y sus siniestros ejecutores, los temidos kaibiles. Entrenados para liquidar sin piedad a toda aquella persona o comunidad que tuviera la menor sospecha de apoyar o simpatizar con la guerrilla.

Cada uno de estos episodios ha sido documentado con profusión por investigadores nacionales y extranjeros, organismos multilaterales y por los mismos beneficiados. Se trata, sin duda, de una de las mejores tradiciones de la política exterior mexicana, de la solidaridad de nuestra sociedad, de una visión humanista de las relaciones internacionales. México sigue siendo ejemplo en sus leyes sobre esta materia, hoy reconocidas como ejemplo por ser pioneras en otorgar protección amplia en favor de quienes siguen llegando a nuestra tierra en búsqueda de protección y una oportunidad para vivir.

Con esos antecedentes, no deja de ser sorprendente e irónico que en los últimos ocho años, cerca de 25 mil mexicanos hayan solicitado asilo en EU, según estadísticas publicadas por el Departamento de Justicia de ese país. Según fuentes no gubernamentales, la mayoría de ellos han presentado su solicitud alegando ser víctimas de amenazas, de extorsión o de haber sufrido agresiones violentas por parte de organizaciones criminales y de sentirse indefensos por la inacción o incapacidad de sus autoridades.

Por ley, por confidencialidad y discreción se publica poca información sobre estos casos. Sabemos, por ejemplo, que la mayoría de estas peticiones son rechazadas. Hasta ahora, los jueces y funcionarios responsables de sus casos han denegado las solicitudes, entre otras razones, porque el solicitante pudo “comprobar de manera fehaciente la imposibilidad de cambiar su domicilio a otra región del país donde no sufriría de las mismas amenazas”. Por ejemplo, que un habitante de Iguala pueda mudarse a Mérida. Suena lógico, pero en la vida real casi imposible.

Lo que debe preocupar es la tendencia creciente de mexicanos que buscan vivir en EU por temor a perder su vida y la de sus parientes debido a la delincuencia. Los números son todavía menores, pero crecen cada año.

Como era de esperarse, al conocer estas cifras no faltaron voces antiinmigrantes en el Congreso de EU que, de inmediato, exigieron a su gobierno evitar que los mexicanos quieran aprovechar esta figura para internarse en su país. Me recordaron a las declaraciones histéricas que surgieron con la llegada de menores de edad centroamericanos.

La desaparición de normalistas en Guerrero y el conocimiento que de manera gradual hemos tenido sobre la manera en que se dieron los eventos, la situación de violencia y extorsión que se ha vivido en esa zona, la colusión de autoridades y delincuentes, el uso criminal de las fuerzas policiacas y la existencia de centros de estudios creados en su origen para dar oportunidad de mejora a los jóvenes indígenas de zonas depauperadas, son un mosaico de la cruda realidad que enfrentamos todos. Cada una de sus piezas es en sí misma un formidable reto. Hace evidente la debilidad sistémica de la gran mayoría de las instituciones de seguridad y justicia, de un proceso electoral viciado de origen, de corrupción y de abuso de poder. Habla también de cómo una idea noble surgida hace más de 70 años sigue pendiente de alcanzar el objetivo que la impulsó.

En suma, no sabemos si los mexicanos que buscan asilo en el país vecino lo hacen por las razones que proclaman o lo hicieron para ver si encontraban una manera de emigrar a ese país. Lo que es un hecho es que el caso de Iguala hace evidente que la violencia e injusticia campean en regiones de la nación y pone a prueba la tolerancia de sus habitantes. No podemos dejar de considerar ni debemos permitir que se concrete la pesadilla de siempre para EU: la llegada masiva a su frontera sur de mexicanos que buscan dejar su país por razones sociales o políticas, más allá de las económicas y laborales que hasta ahora la explican.

                *Director Grupo Atalaya

                Twitter: @GustavoMohar