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El texano oportunista

Gustavo Mohar

Gustavo Mohar

El pasado 21 de julio el gobernador de Texas, Rick Perry, anunció que enviaría a la frontera con México a mil elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos, con un costo estimado de 12 millones de dólares al mes, los cuales se sumarán a los tres mil agentes de la Patrulla Fronteriza que hoy vigilan la frontera entre nuestro país y ese estado.

La Guardia Nacional es un cuerpo militar al que los gobernadores pueden llamar, ya que es un cuerpo integrado por ciudadanos de sus respectivos estados. Son parte de las fuerzas armadas de ese país, con lo cual el argumento de Perry de que no se trata de “militarizar la frontera con México”  cae por sí mismo. Inclusive, la Guardia Nacional ha participado en tareas de contrainsurgencia en Afganistán. Nunca se ha utilizado para funciones de control migratorio, a lo más han recurrido a ésta algunos presidentes para coadyuvar a labores de construcción de infraestructura fronteriza o de inteligencia, pero sobre todo para tareas de rescate ante desastres naturales. Perry dice que con ello quiere mandar la señal a los centroamericanos de que no serán bienvenidos en Estados Unidos y no lograrán su intención de quedarse allí. Según el gobernador, esta medida se justifica ante la amenaza que representan para su estado los menores centroamericanos que están llegando a través de la frontera con México, y la incapacidad del presidente Obama de controlar las fronteras.

No es la primera vez que Perry hace evidente su posición frente a la migración de mexicanos y de otras nacionalidades latinoamericanas. El gobernador texano se ha caracterizado por ser implacable en la ejecución de penas de muerte, haciendo caso omiso de lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia en el sentido de que en el caso de los mexicanos en espera de la misma,  se debe suspender su ejecución por haberse violado su derecho a la protección consular, pues no fueron informados, al momento de su detención, de la posibilidad de solicitar el apoyo de su gobierno.

Perry busca, una vez más, ser candidato por el Partido Republicano a la Presidencia de Estados Unidos en 2016. Al parecer su apuesta es que entre más antiinmigrante y más drástico se perciba en la aplicación de la pena capital, a pesar de menospreciar mandatos internacionales, ganará el apoyo mayoritario para llegar a la Casa Blanca.

¿En verdad cree el mandatario estatal que la llegada de menores de edad pone en riesgo al segundo estado más rico de la Unión Americana? ¿Cómo se le puede olvidar que en la entidad que gobierna,  de acuerdo con el Censo de 2010 de Estados Unidos, 37.6% de la población de Texas es de origen hispano o latino? ¿No sabe que el voto hispano es reconocido como un factor de creciente peso en las elecciones de su país?

En 2013 Texas tuvo un intercambio comercial con México de más de 100 mil millones de dólares, que representó 36% del total de sus exportaciones, lo cual supera por mucho el valor de sus exportaciones a Canadá, China o Brasil. En estas fechas, las empresas petroleras y gaseras texanas esperan la definición en México de las nuevas reglas de juego para invertir en este sector. ¿Qué dirá cuando quiera venir a México a promover los negocios de sus votantes? No podrá ser más contrastante que la posición del gobernador de California, Jerry Brown, quien nos visitó hace unos días con un mensaje solidario y humanista frente a los migrantes, él ha traducido en hechos concretos su posición para aligerar su vulnerabilidad ante la inacción del Congreso federal.

Se le olvida además al señor Perry que con esta decisión puede alentar a los grupos más reaccionarios de su estado a sumarse al “control de su frontera” replicando los autodenominados vigilantes de Arizona, que tenían como misión y diversión sádica, detener, golpear y hasta disparar a los migrantes que cruzaban por sus ranchos. El gobernador hace gala  de su oportunismo político al pretender convertirse en el abanderado de las voces más antiinmigrantes y radicales que se han manifestado en los últimos meses y decidido custodio de las fronteras de su país.

La Casa Blanca tuvo una tímida reacción y se limitó a decir que la presencia de la Guardia Nacional, solicitada por el gobernador Perry, era “innecesaria”, ya que el presidente Obama había acordado con los mandatarios de Guatemala, Honduras y El Salvador trabajar juntos para desincentivar la emigración procedente de sus países y acelerar la deportación de aquellos que habían logrado transitar por México y cruzar su frontera sur.

Al escribir este artículo, los legisladores republicanos le han dado un golpe bajo a Obama al condicionarle recursos  para atender la crisis de los niños centroamericanos, le exigen su deportación inmediata y suspender el programa por el cual los estudiantes, hijos de indocumentados, podían permanecer en ese país. Se confirma que en nuestro vecino del norte, en materia migratoria  prevalece la ganancia política de corto plazo, la batalla electoral del próximo año, la demagogia y oportunismos políticos como el de Perry; todo, menos solucionar la tragedia de las familias desunidas o el riesgo que enfrentarán al regresar a sus comunidades y ser víctimas de la violencia de la que huyeron.

                *Director Grupo Atalaya

                gustavomohar@gmail.com

                Twitter: @GustavoMohar

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