La participación ciudadana y la libertad de decidir

El término “participación ciudadana” ha estado abriéndose paso en nuestra sociedad, con alcances tan importantes que exigen reflexión para todos los mexicanos, particularmente para quienes vivimos en ciudades de gran complejidad política y social, como el Distrito Federal. Y es que las dos principales dimensiones del ámbito de la participación ciudadana son precisamente la política y la social.

La participación ciudadana involucra sindicatos, cooperativas, empresas, empleados de los sectores público y privado, asociaciones civiles, sociedades comunitarias, movilizaciones espontáneas, cambios sociales y cualquier otra forma de participación que surja del seno de la sociedad.

Antes de proseguir, con el permiso de los lectores debo recordar que la naturaleza humana está conformada por facultades como: inteligencia, voluntad, capacidad de amar y libertad.

Desde las primeras lecciones de civismo se nos inculca que esa libertad es la capacidad personal para actuar responsablemente, sin prejuicios, guiados por los buenos ejemplos, nuestros valores, convicciones y sentimientos. Incluye la libertad de pensar y normar nuestra conducta según los dictados de la razón y la voluntad. Por lo mismo, exige respeto a los derechos de otros seres humanos y asumir las consecuencias de nuestros actos.

Un elemento que enlaza las dimensiones a las que nos referimos al principio de estas líneas, porque implica uno de los rasgos más importantes de la naturaleza humana, es la libertad de elegir y decidir. ¿Por qué? Porque en esta libertad se encuentra, desde hace siglos, el fundamento de toda sociedad democrática y, para los tiempos modernos, del Estado democrático.

Hay diversas formas de participación ciudadana. La directa ocurre en audiencias públicas, derecho de petición, la revocación del mandato, en los cabildos y en plebiscitos.

En lo social, la participación se manifiesta en las consultas comunitarias, en las organizaciones de base, en la planificación y gestión de programas sociales tales como campañas de vacunación, de vivienda, distribución de leche y desastres naturales.

Aunque intervienen diversos factores a fin de que se pueda vislumbrar una ejemplar participación ciudadana, para los especialistas la mejor evaluación de resultados se mide por el grado de influencia que logra esa participación en la toma de decisiones públicas. Claro, me refiero a las decisiones de cualquiera de las expresiones y niveles del poder público. De los gobiernos federal, estatales o municipales, pues.

Puse de ejemplo la complejidad del Distrito Federal. Imagínense lo que significaría la participación ciudadana organizada para coadyuvar, de la mano con la autoridad, al mejoramiento de servicios en beneficio de más de 20 millones de seres humanos que viven en la Zona Metropolitana del Valle de México, o de los casi nueve millones de habitantes ubicados en las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal. Estamos hablando de agua, limpia pública, hospitales, transporte, vialidad y un infinito etcétera.

A este escenario complejo debemos añadir los ingredientes de la pobreza, la iniquidad social a la que nos referimos hace unos días, el desempleo, la inseguridad, los anhelos de bienestar de nuestras familias, los sueños para el mañana de nuestros jóvenes de hoy y el firme compromiso con quienes nos dieron vida: nuestros adultos mayores.

De ahí la necesidad de más involucramiento de los ciudadanos en la búsqueda para asegurarse la representación legítima de sus intereses y preocupaciones.

No debo soslayar un punto crítico de la batalla (más que octogenaria ya), de la participación ciudadana en el Distrito Federal: la Ley Orgánica del Distrito Federal y de los Territorios Federales, aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 1928. Con aquel ordenamiento desapareció el régimen municipal y se determinó que el gobierno de la Ciudad de México sería responsabilidad directa del Presidente de la República, ejercido mediante un nuevo órgano, creado ex profeso: el Departamento del Distrito Federal (DDF). Perdieron la expresión democrática y la organización autónoma de los habitantes de la capital del país; ganó el corporativismo políticamente controlado. En 1997 se devolvió a los ciudadanos del DF la libertad de decidir y elegir jefe de Gobierno. Pero falta mucho por hacer.

En los procesos de democratización del Estado, la participación ciudadana legitima las instituciones de la sociedad civil. Pero también gana en legitimidad, y mucha, todo gobierno que se asuma democrático. Invito a la reflexión.