Ejemplos

Apenas sintieron el soplo de algún vientecillo de la transparencia, y los senadores Pablo Escudero PVEM, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación ciudadana ¡nada más! y Jorge Luis Lavalle PAN de inmediato pusieron un dique: los senadores no están ...

Apenas sintieron el soplo de algún vientecillo de la transparencia, y los senadores Pablo Escudero (PVEM), presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación ciudadana (¡nada más!) y Jorge Luis Lavalle (PAN) de inmediato pusieron un dique: los senadores no están obligados y no harán públicas sus declaraciones de bienes debido a que le temen a la inseguridad, es de suponer que ellos creen que impera en el país, aunque en sus discursos digan lo contrario.

El espanto de ambos senadores ocurrió cuando el Presidente de la República llamó a sus colaboradores a hacer públicas sus declaraciones de bienes antes del fin de mayo próximo, en un intento por responder a la presión pública por presuntos casos de conflicto de interés, en los que él mismo se ha visto involucrado, al grado de que tuvo que nombrar a Virgilio Andrade como nuevo titular de la casi desaparecida Secretaría de la Función Pública (SFP).

El escribidor no quiere parecer aguafiestas, pero tiene que decir que la corrupción no es ninguna novedad en México y mucho menos en los 86 años más recientes, 74 de los cuales el país ha sido gobernado por el PRI y sus antecesores. Tampoco son novedad los anuncios gubernamentales para combatirla. Nada ha pasado.

Los escándalos de la corrupción mexicana son tantos o más como las historias de Las mil y una noches, y el equivalente a Alí Babá tiene como amigos a mucho más que 40 ladrones, en el sector público y en el privado, entre los políticos y los empresarios, entre los gobernantes y los gobernados, entre los ricos y los pobres, en la derecha y en la izquierda, en el centro, en las lujosas oficinas públicas y privadas y en las calles…

Históricamente, la corrupción es el mal que ha subsistido en México desde hace muchos... siglos. Hay relatos y leyendas que dicen que el primer virrey español en México, Antonio de Mendoza, recibía dádivas a cambio de favores. Existe la leyenda colonial conocida como Los polvos del virrey, para describir lo que en el lenguaje moderno y jurídico hoy llamaríamos tráfico de influencias. Hay otros que aseguran que también en el México prehispánico existía ese fenómeno. Ni modo, hay que aceptar, aunque duela, que la corrupción en México es parte de los usos y costumbres de la vida pública nacional. No se diga: parte de la cultura política nacional, porque la corrección política explota.

Cierto: no todo ocurrió a partir de que la llamada Revolución Mexicana se transformó en instituciones, que en 1982 integraron a su estructura lo que hoy es la resucitada SFP.

En 1975-1976, el país salía del desastroso gobierno priista de Luis Echeverría Álvarez. El nuevo candidato del PRI a la Presidencia de la República, José López Portillo, quien compitió contra sí mismo, tuvo como lema de campaña política aquel que decía: “La solución somos todos”, que el escarnio popular transformó muy pronto en: “La corrupción somos todos”.

Fue tanta la corrupción del sexenio lopezportillista (aquel en el que se prometió “administrar la riqueza” petrolera en beneficio de todos los mexicanos, y que sí “la administró”, pero sólo para unos cuantos) que el nuevo candidato del PRI, Miguel de la Madrid, tuvo que promover  el lema “la renovación moral de la sociedad”. Esto ocurrió en 1981-1982 y al parecer la “renovación moral” no tiene para cuando terminar y no ha dado frutos.

Esa “renovación moral”, cuyo principal teórico fue Samuel I. del Villar, dio origen a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, hoy SFP, misma que luego de casi 33 años, incluyendo 12 de gobiernos federales panistas, no ha dado resultado alguno en el combate a la corrupción. Esa “lucha” más bien se dio en el ámbito de los escándalos mediáticos sexenales que en el fondo fueron ajustes de cuentas políticos, lo que no significa que no haya habido corrupción, como en los casos de Jorge Díaz Serrano, exdirector de Pemex, en el gobierno de De la Madrid;  de Joaquín Hernández Galicia La Quina (líder del sindicato de petroleros), Carlos Jonguitud Barrios (líder magisterial) y Eduardo Legorreta (empresario), en el de Carlos Salinas de Gortari; de Raúl Salinas de Gortari, exfuncionario de la Conasupo, pero sobre todo hermano del expresidente, en el de Ernesto Zedillo; Elba Esther Gordillo en el actual… usados todos como, digamos, casos ejemplares, lo que ya había ocurrido en otros sexenios anteriores de 1929 a la fecha, pero que en nada tocaron a las estructuras de la corrupción mexicana.

Hoy nuevamente hay escándalos por corrupción; también es la nueva oportunidad para combatirla. No será, por cierto, mediante el nombramiento de un titular de la SPF, quien según la orden recibida públicamente deberá investigar a quien lo nombró, lo que por sí mismo representa un conflicto de interés.

También hay gestos ejemplares como los de los senadores Laura Rojas (PAN) y Zoé Robledo (PRD) y los diputados federales Fernando Rodríguez Doval (PAN) y Fernando Belaunzarán (PRD), quienes han aceptado hacer públicas sus declaraciones de bienes. Ninguno de los cuatro le ha temido a la inseguridad, argumentada por sus compañeros legisladores. Hoy, son el primer ejemplo a seguir.

Ése es un primer paso y habría que hacerlo obligatorio: establecer en la Constitución como requisito para ocupar cualquier cargo público, en cualesquiera de los tres Poderes, en cualesquiera de sus niveles, la declaración pública de bienes, incluida la fiscal y la de conflicto de interéses y una más al concluir el encargo. Los que tengan miedo tienen un camino muy sencillo: no buscar ningún cargo público para que nadie se entere, es un decir, de sus bienes obtenidos, seguro está, de manera honesta como lo establecen ya las leyes mexicanas para todos los ciudadanos. Y los que ya están ahí, pues entonces que renuncien y se enfrenten a la inseguridad como cualquier otro mexicano.

Los funcionarios públicos, de cualquier nivel y en cualquier país, deberían estar estrictamente bajo el escrutinio popular, sin ninguna excusa ni atenuante. Si el temor es la inseguridad, pues habrá que recordarles que ellos (todos quienes están en el gobierno, en cualquiera de sus niveles) son responsables de que exista.

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