Derecho de réplica

Cuando señala que su pecho no es bodega, olvida que, para desalojarla o vaciarla, no debe acudir al uso de recursos públicos federales, los cuales están destinados al ejercicio de las potestades públicas. No debe confundir sus personales convicciones o ideológicas orientaciones con la gestión pública, ni menos aún con el despliegue de atribuciones vinculadas a la función gubernamental.

Asumir que el pensamiento propio es el del Estado conduce al absolutismo, perdiéndose la exigible objetividad, pero, sobre todo, la capacidad de servir a una nación plural y diversa.

No hay, ni habrá, quien tenga la posibilidad de explicar al Presidente que lo que hace al rebatir, aplastar y ningunear a los que no piensan como él en el monólogo que transmite cotidianamente, no es lo que en la mediática democrática se conoce como derecho de réplica, sino el cuestionable empleo de activos oficiales para construir un discurso oficial inapelable. Así es, a nadie de los que se acusa, criminaliza, sentencia o denuesta se le da la posibilidad de ocupar la misma palestra, en términos y condiciones similares, para dar respuesta a lo que se plantea desde el palaciego salón. Eso sí sería derecho de réplica.

El Instituto Nacional Electoral, hoy —más que nunca— se levanta como una Torre de Babel; en cada videoconferencia queda patente que hay un posicionamiento diverso por cada consejero, el cual, por supuesto, se aleja o se acerca —particularmente— del proyecto puesto a consideración, provocando que cada votación derive en un amasijo de visiones incongruentes, dejándonos ante un incomprensible alcance de lo decidido, ya que, antes de votar, no se fijan las premisas definitorias que resultarán del debate, abandonando todo el entuerto al pase mágico del engrose.

Por ello, el INE fue igualmente confuso al abordar como asunto de su competencia la extrema capacidad del Ejecutivo federal para desbalancear el proceso electoral, cuando éste acude al uso de recursos públicos federales, esto es, al espacio mediático, para emitir declaraciones, posturas o definiciones que no tienen cabida en el artículo 89 de la Constitución. Sin embargo, lo claro es que no es función del Ejecutivo el ser rector, guardián ni custodio del proceso electoral, salvada, claro, su muy personal opinión, la cual podrá divulgar o manifestar contando con los medios y espacios al alcance de cualquier ciudadano.

Cierto es que antes, en la URSS, Chile y Argentina, como sigue sucediendo en Venezuela y Cuba, el factótum político ha usado intensivamente los canales oficiales, ya que, más que política, se hace del conocimiento público la directiva o mandato oficial, siendo suprimido todo debate o cuestionamiento, dado que, desde el púlpito del sector estatal y sobre la marcha, van asumiendo carácter de providencias oficiales los deseos del que rige y dicta los destinos de todos.

Largos y azarosos discursos han distinguido a esos países, tocando ahora al nuestro el incorporar a la retórica burocrática granados ejemplos del gobierno monolítico, disciplinado y sometido estrictamente al proyecto que postula el movimiento encabezado por un solo hombre.

No habrá réplica ni mucho menos contrarréplica, son muchos años de “bloqueo” los que tendrá que superar. Toca a todos callar.