1. Pateando el balón. El INE, a cargo de Guadalupe Taddei, volvió a posponer la discusión sobre los lineamientos para evitar que los procesos internos de los partidos se conviertan en actos anticipados de campaña. El proyecto del consejero Jorge Montaño salió del orden del día con el argumento de abrir una nueva ronda de diálogo con los partidos, respaldo que encontró en Morena, PVEM y PRI. Mientras tanto, los aspirantes seguirán refugiándose en cargos como “coordinadores” o “defensores” para recorrer estados sin reglas claras. El árbitro volvió a ceder el silbato. Y la simulación ya empieza a institucionalizarse.
2. Congruencia institucional. Aunque Ernestina Godoy no se ha pronunciado de manera específica sobre el caso de Jorge Iván Acuña, su postura pública ha sido consistente, cero tolerancia a la corrupción y a los servidores públicos que traicionan la ley. El proceso contra el exagente del MP federal ha seguido su curso en la FGR y ante jueces federales, sin interferencias políticas conocidas. La ausencia de declaraciones no implica omisión, sino respeto al debido proceso y a la autonomía de las investigaciones. La FGR deberá demostrar que sí es una dependencias de resultados.
3. Proveedor VIP. La caída de Justo Aurelio Rivera Parrazales exhibe cómo el lujo puede convertirse en evidencia. En cuatro cateos, autoridades aseguraron bienes por más de 145 mdp, 15 autos de colección —Ferrari, Lamborghini, McLaren y Porsche—, además de joyas, efectivo y armas. Las investigaciones lo señalan como operador financiero de La Barredora y siguen la ruta de contratos públicos obtenidos durante gobiernos de Adán Augusto López, en Tabasco; Rutilio Escandón, en Chiapas, y Omar Fayad, en Hidalgo. La FGR deberá acreditar si el exclusivo proveedor del gobierno era, en realidad, el proveedor VIP de una red criminal. ¿Y los demás?
4. Cajón de los perdones. La justicia alcanzó al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, vinculado a proceso por presunta delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Pero el contraste resulta inevitable: mientras ese expediente avanza, las investigaciones sobre el caso de huachicol ligado a La Barredora, donde aparecen los nombres de Hernán Bermúdez y el entorno político de Adán Augusto López, siguen sin ofrecer el mismo ritmo ni resultados públicos equivalentes. La ley pierde fuerza cuando unos casos aceleran y otros se archivan en el cajón. ¿Justicia selectiva?
5. Examen. La polémica por el proceso de admisión no sólo es un asunto técnico, es una prueba de confianza pública. La senadora Carolina Viggiano pidió esclarecer las irregularidades para evitar que la UNAM quede bajo sospecha, mientras Marco Fernández, de México Evalúa, advirtió que el aumento inusual de puntajes perfectos no corresponde al nivel de aprendizaje que muestran las evaluaciones. ¿La UNAM será capaz de corregirlas con transparencia, sancionar a los responsables y convencer a la sociedad de que el mérito académico sigue siendo la única puerta de entrada? ¿O avalará el juego sucio?