El cerdo y el encubridor

En una ingenua complicidad o en una ignorancia total, la madre del menor aceptó que el legislador, secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, paradójicamente, el día del abuso votaba la polémica Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que extiende el mandato del ministro presidente y los consejeros de la Judicatura.

Este puerco, que según la declaración del joven presuntamente abusado fue drogado y después conducido a un hotel, mintió después de los hechos. En una conferencia de medios dijo descaradamente que lo habían liberado después de las prácticas periciales que determinaron que no había pasado nada con el menor. La FGJCDMX desmintió lo anterior, dando a conocer que utilizó su fuero para obtener su libertad, fuero que, por cierto, tiene su origen en la protección de las opiniones y acciones de los legisladores en el ejercicio de su encargo, no para liberarlos de sus calenturas pederastas. Por si lo anterior no fuese de una gravedad absoluta, el bruto, cínico y encubridor que coordina a los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, se aventó la estupidez de decir que no podía opinar ni condenar al cerdo porque los hechos no ocurrieron mientras se desempeñaba como diputado.

No sabía, señor Mier, que lo diputado se quitaba con un baño, pero si así fuera, entonces cómo carajo utilizó su fuero para liberarse de su conducta asquerosa. Si no es diputado en ese momento, entonces tampoco tiene fuero para salirse con la suya de andar toqueteando chavitos el puerco. Esto me lleva a preguntarme: para que un diputado pueda ser considerado responsable de violación y abuso sexual en el ejercicio de su encargo, ¿tiene que llevar al niño en cuestión a la tribuna? Según su enorme grado de ignorancia: ¿lo tiene que violar o toquetear en su curul? ¿O en la mesa directiva y aventar la campana al piso para poderlo abusar más a gusto? No tengo idea si es usted, señor Mier, ¡ignorante, estúpido, cómplice o cínico! O una macabra mezcla de estos adjetivos. Si tuviera un atisbo de vergüenza debería de renunciar a la coordinación y a su curul, lo mismo que el abusador que sólo lo hizo a su candidatura.

En el polémico caso del ministro Arturo Zaldívar y su posible extensión de mandato, su silencio y el de sus pares tiene una explicación jurídica. Los ministros no hacen política, por lo menos abiertamente. Me explico. Es muy claro que la legislación aprobada es contraria al artículo 97 párrafo quinto de la Constitución general de la República, que establece el plazo de cuatro años para el ministro presidente y la forma de elección. Lo que se aprobó, desde mi óptica, es inconstitucional. Por ende, los afectados y oposición lo van a impugnar a través de una acción de inconstitucionalidad, misma que llegará al pleno de la Corte, en donde los pares de Zaldívar tendrán que decidir. En consecuencia, está claro que los ministros no se pueden pronunciar, si están de acuerdo o no con lo aprobado, hasta que se vote en sesión el asunto, no cuando existe un proceso legislativo en curso.

El artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dice que serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, entre otras, la contenida en la fracción IX, en lo respectivo a emitir una opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento. Es decir, ahorita, pueden decir obviedades y mantenerse en una línea institucional, pero jamás decir si están de acuerdo con lo aprobado o no. Así que habrá mucho silencio al respecto, silencio que tiene su origen en la ley.