Días aciagos

Por otro lado, yo soy un convencido de que el gobierno de Peña estuvo lleno de rateros, encabezado por uno. Entiendo que es mandatorio para seguir siendo un país digno, enjuiciar, si se tienen indicios y pruebas, a los expresidentes. Si hay pruebas de que Calderón sabía de los nexos de García Luna, a quien se cansó de defender y empoderar, entre muchos otros “virreyuelos” sexenales que trivializaron la vida política de este país y que hoy espero que en sus dorados exilios docentes o en paraísos jurídicos empiecen a tener problemas digestivos que terminen en que el tracto final de su intestino sufra. Pero lejos de mi deseo, y de mi opinión sin pruebas más que de oídas, juzgar a las ratas del pasado, a muñequitos fatuos, no depende de la democracia ni de la opinión del pueblo.

Se confunde el ciudadano o a propósito lleva esto a la voluntad popular, al atar la investigación y posterior resolución de los presuntos delitos de expresidentes a una consulta. El asunto es técnico-jurídico, nada tiene que ver que el pueblo ponga el pulgar hacia abajo. Si hay pruebas, si hay una carpeta de investigación que logre reunir los elementos del delito, la decisión no es ni del Presidente, sino del Ministerio Público, que tiene el monopolio de la acción penal. Si es verdad que la FGR es autónoma, y con la misma “arrogancia” con que no asistió el doctor Gertz al informe del Presidente, él tendrá la decisión de si se judicializa un expediente contra un expresidente. Y aquí el pueblo puede decir misa. Al respecto quiero hacer una precisión importante. El Presidente, con dureza inusitada y con imprecisión ortográfica, calificó la ausencia de Gertz, titular de la Fiscalía General, y de Zaldívar, presidente de la Corte, de utilizar su arrogante libertad. En el caso de Arturo Zaldívar, lo digo con conocimiento de causa, fue un acto de congruencia. El máximo tribunal del país lleva haciendo sesiones virtuales desde el inicio de la pandemia y hasta el día de hoy. En función de la edad y características de muchos ministros y trabajadores de la Corte, sería incongruente si el presidente de la SCJN no llama a sesiones presenciales y sí vaya a un acto público en donde hay riesgo. En el caso de Zaldívar no fue arrogancia, sino congruencia.

En otro tema, donde las cosas se ponen interesantes, es en el relevo del gobierno de Chihuahua. Hay una polémica real y actual entre Rafael Espino, quien, sin duda, es y ha sido cercano al Presidente, y el alcalde de Rosales, Pepe Ramírez. Según sus opositores, han filtrado una serie de imprecisiones, en el mejor de los casos, y mentiras, en el peor. Se supone que el Presidente los recibiría el jueves pasado después de la mañanera para resolver el tema del agua y de las presas en la entidad, que no es un tema menor. Al final de cuentas, Espino, Ramírez y los productores chihuahuenses nunca fueron recibidos por el Presidente y todo fue un asunto político. Todas estas maniobras sin duda están fortaleciendo al delegado estatal de la Secretaría del Bienestar, Juan Carlos Loera, a quien ya le han esparcido rumores de toda índole, pero él sigue tranquilo trabajando, aunque lo renuncien sus enemigos cada 5 minutos.

Para finalizar, querido lector, tenemos que ser muy claros y serios, pues el crimen organizado sigue golpeando a la sociedad y al gobierno de México. Se conoce que los cárteles introducen al país entre 19 y 29 mil millones de dólares mediante el lavado de dinero. Esto es una cantidad inconmensurable para poder controlar al crimen y las plazas. Evidentemente, con la captura de El Marro, el CJNG está ocupando plazas en Guanajuato y la CDMX. Esto nos lleva a urgir una reforma en la aplicación y adecuación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la posibilidad de aplicarla como la Ley RICO, según lo dijo Alejandro Desfassiaux, presidente fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada. Por eso es importante que la legislación nacional ayude a los fiscales a poder investigar e intervenir sindicatos o empresas que puedan funcionar como fachadas de delincuentes.