Un país de instituciones y de leyes (1929-2019)

En 1929, el discurso de Plutarco Elías Calles fue el comienzo declarativo de la vocación democrática del régimen emanado de la Revolución. Esa sugerente afirmación sólo fue una fantasía política; siendo bondadosos, fue una buena noticia anticipada a un esquema de largo aliento.

Expectativa de algo que hemos visto lentamente y que, desde 1999/2000, se ha fortalecido (no sin avances importantes y contradicciones simultáneas) y se ha reemplazado la eterna “transición democrática” por algo más profundo y constitucionalmente estable, porque una característica del presidencialismo omnipotente fue el reformismo imparable y abusivo de la Carta Magna por caprichos presidenciales. Ese delirante recambio permanente de la Constitución ejecutado por la sobre representación del partido hegemónico que ignoraba a la oposición, porque, como dijera Jorge Carpizo en reproche al máximo punto del presidencialismo entre 1970 a 1990, el presidente ejercía yendo más lejos de la Constitución, a lo que denominó con sarcasmo: “presidencialismo metaconstitucional”.

La sociedad mexicana ha madurado su criterio con vocación democrática a costa de decepciones de ejercer el voto sin resultados evidentes y un progresivo empeoramiento de las condiciones de vida,  no sólo de los más necesitados, sino también de los estamentos intermedios de la sociedad, desde indicadores de nivel de ingreso y de satisfactores medibles económicamente.

La inseguridad asedia a pobres y ricos y es evidencia de la corrupción extendida que ha defenestrado las corporaciones policiacas, la función de la procuración y de la justicia en circuitos de impunidad alarmantes que empañan lo que, pese a tanta adversidad, se creó para asentar instituciones que se han emancipado del Ejecutivo, que no dejó de intentar eludir los controles o reducir sus impactos.

La tercera alternancia democrática, desde 2018, debiera colmar la normalización democrática como resumen de años de “ensayo y error” en la construcción de normas e instituciones.

De 1929 a 1939, el presidencialismo mexicano se ensanchó por la figura de Cárdenas, que dio un significado benigno mientras activó una fascinación presidencial poco saludable.

En democracia, hay personajes que desde el gobierno alcanzan el reconocimiento de sus conciudadanos por la eficiencia en su labor y por su legado a la democracia.

El asunto es recordar el lema “un país de instituciones y de leyes”. No debe ignorarse que aunque sus predicadores no supieron, pudieron o quisieron llegar a esas consecuencias,  ésa es la esencia democrática: equilibrios, frenos y contrapesos para garantizar certidumbre y certezas en lo inmediato.

El presidencialismo mexicano ha cambiado cíclicamente, pero no ha dejado de ser el epicentro del Estado mexicano. El presidencialismo concede al presidente más peso real que el que puede tener dentro del sistema presidencial y normalmente es un dique indirecto a los procesos democráticos.

Las palabras de Calles fueron una expectativa complementaria con la afirmación “sufragio efectivo, no reelección”, aseguraba, sin contar con mecanismos ni procedimientos institucionales confiables.

Luego de varias reformas tras el conflicto postelectoral de 1988, realmente hubo sufragio efectivo hasta la alternancia de 2000, empero un evento comicial polémico y controversial en 2006, para alcanzar un indiscutible sufragio efectivo en 2012 y en 2018 y eso no quiere decir que ya no se requiera de las instituciones electorales.

La inversión republicana en instituciones leyes y procedimientos especializados para garantizar controles democráticos que frenen y limiten tentaciones de ejercicio público abusivo, y por tanto ilegal y anticonstitucional, vale porque es un activo democrático que ha canalizado la causa democrática por la vía de la competencia cívica. Los órganos constitucionales autónomos, como el INE, la CNDH, El Inegi, el Inai, la Cofece e IFT y el Coneval, no fueron una invención simuladora de los gobiernos de 2000 al 2018, sino conquistas de la oposición y los aliados desde la sociedad civil organizada, o conjeturas de la academia. Cada institución constitucional autónoma ha requerido consensos parlamentarios suficientes, y no pocas veces unánimes, en los que la oposición exigió mejor diseño y más competencias para su autonomía, porque ésa era, y es, la vía para limitar al poder antes de que se vuelva nocivo para la salud republicana. Aún no podemos afirmar que ya seamos un país de instituciones y de leyes. Urge que continúe y se perfeccione la muy costosa expectativa realmente democrática, en muchos aspectos insatisfecha. Un presagio de involución lo acontecido en Baja California, la democracia retrocede en un instante, avanzar puede costar décadas.