Paradojas de la evolución del informe presidencial

El informe presidencial debiera ser el acto más importante de información a la sociedad sobre la marcha de la administración que encabeza el Presidente de la República. Eso si se concibe como el ejercicio por excelencia de rendición de cuentas ante el Congreso de la Unión. 

Y  también si pretendemos que equivalga  al ejercicio que se realiza en las democracias con la forma de gobierno parlamentario por el primer ministro o el jefe de gobierno Español mediante el cual sostienen el debate sobre el estado de la nación.

Naturalmente, en el caso mexicano sucede sin un debate, lejos de ello, sin siquiera un intercambio de impresiones bajo reglas de respeto entre el Presidente y los coordinadores de los grupos parlamentarios.

Una cosa es la ceremonia del informe ante el Congreso, la cual se verificó  a lo largo de siete décadas como una tradición  ininterrumpida hasta 2006. La disposición de la Constitución de 1917, vigente a la fecha, sólo instruye  al presidente a entregar el informe por escrito.

 Conviene reconocer  que aquella tradición, cargada de simbolismos, consistía en un rígido protocolo para que el presidente ingresara al palacio legislativo, en medio de enormes consideraciones, a la investidura presidencial que, desde 1934, con Lázaro Cárdenas, se comenzó a leer de pie.

Y cosa muy distinta es la ceremonia que, a propósito del informe, acontece desde 2006, pero fuera del recinto de San Lázaro; pues en ese contexto de conflicto poselectoral, no se le permitió al expresidente Vicente Fox ingresar al recinto del Poder Legislativo y hubo la alternativa de realizar la ceremonia en un espacio del Poder Ejecutivo Federal (el patio de Palacio Nacional o en algún salón de la residencia oficial del Presidente de la República) ante selectos invitados a escuchar el discurso político que amerita el informe previamente entregado en impreso, para cumplir con la literalidad del artículo 69 de la norma superior.

• Resulta entendible que el expresidente Felipe Calderón  —quien llegó a la presidencia de la República en medio de una tormentosa confrontación que lo hizo ingresar al edificio del Congreso de la Unión para tomar posesión por la puerta de atrás, como lo describe Lorenzo Meyer en una interesante crónica— no tuviera las condiciones para regresar a San Lázaro a rendir sus informes.

Curiosamente, ni el expresidente Peña Nieto ni el actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,  tenían o tienen (respectivamente) un problema de conflicto poselectoral. Podrían haber retomado la tradición del informe presencial e inclusive haber promovido la incorporación, en el texto de la Carta Política,  del ansiado diálogo reglamentado entre el ejecutivo y el legislativo. Todavía es probable que se supere esta situación que no permite que el contraste de un debate con  los líderes parlamentarios confirme el ánimo democrático del Jefe del Estado Mexicano.

Así podrá  invocarse plenamente el contenido esencial del texto constitucional que lo encuadra en una vía para la rendición de cuentas, aunque de acuerdo a la época de la redacción original del artículo 69, se empleara la sugerente frase “en la primera sesión del periodo ordinario, asistirá el presidente y presentará por escrito un informe en el que manifieste el estado que guarda la administración pública…”.  Se trata de una asignatura pendiente, cabe referir que no han faltado iniciativas de reforma para modificar el formato del informe presidencial en esos términos.

• La democracia nunca está plenamente consolidada, resulta lamentable que lo que fuera una constante reclamación de los valientes críticos del viejo régimen no hubieran proseguido con esa causa.

Por citar al mismo Lorenzo Meyer y al ahora nuevamente legislador,  Porfirio Muñoz Ledo, quien al recordar en 2007 que, al haber interpelado el último informe de Miguel de la Madrid, septiembre de 1988, se había sepultado “el día del presidente”. Todavía no, don Porfirio, y usted ahora puede retomar esa legítima aspiración republicana.