Opacidad y corrupción, ¿males nacionales en extinción?
El firmamento nacional se ha visto ensombrecido durante los últimos 25 años por distintos “males públicos”. Males nacionales que frenaban o amenazaban con descarrillar el complejo proceso democratizador iniciado hace 40 años. Tortura, opacidad y corrupción, flagelos y vicios a los que hubo que tratar de erradicar con normas y procedimientos confiados a institucionales especializadas para tales exclusivos propósitos.
A principio de los años 90, la tortura fue la expresión más recurrente, para desterrarla surgió el sistema nacional del ombudsman (la CNDH y las similares locales); durante la primera década del siglo XXI nació, progresivamente, el Sistema Nacional de Transparencia para eliminar la opacidad pública. En la segunda mitad de la segunda década del siglo que corre, las energías públicas se han volcado en diseñar un sistema nacional anticorrupción para extirpar las ramificaciones que propagan la contaminación del proceder del funcionariado. La terrible corrupción política y económica que tiñe de ilegalidad todos los bienes y servicios públicos.
Parece que la corrupción ha encontrado en México un destino perfecto. Sin embargo, el mundo globalizado permite saber que es un problema eterno, eso sí, agravado por factores como las facilidades que le proveen las tecnologías de la información y, en el caso mexicano, que no se ha podido disminuir su refugio favorito: el mercado informal. Hace unos días, en las instalaciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) se llevó a cabo la presentación del cuaderno de transparencia: Opacidad y corrupción, la huellas de la captura, obra de Mauricio Merino.
Merino sostuvo que es imprescindible acabar con la captura del poder, que reparte puestos, decisiones y presupuestos para los leales. Explicó que, en la actualidad, el ejemplo de un jefe honesto, no bastaría para que los funcionarios sean honestos, aun con la magnífica intención; señaló que tampoco bastan las sanciones posteriores a los actos de corrupción, ya que ambas fórmulas son insuficientes. Ya que no consiguen desmantelar los sistemas sobre los que se basan la corrupción e impunidad de funcionarios, que creen que las dependencias y los cargos son de su propiedad, lo mismo que la información que se genera durante su encargo. Urge se completen los nombramientos del Sistema Nacional Anticorrupción.
En la presentación del cuaderno editado por el Inai, los comentaristas fueron representantes de las tres coaliciones que abanderan candidatos a la elección presidencial, en el proceso del próximo primero de julio. Dante Delgado Rannauro reconoció, que en las elecciones, los partidos y los políticos compiten no sólo por votos, sino por puestos y presupuestos, por eso la población debe participar más para desterrar ese viejo sistema.
Jesús Cantú destacó que el nuevo andamiaje anticorrupción, aún no funciona del todo. Existen resistencias para el buen funcionamiento de los sistemas nacionales anticorrupción y de transparencia y propuso modificar el artículo 102 constitucional sobre el nombramiento del nuevo fiscal, además de pasar el Tribunal de Justicia Fiscal al Poder Judicial, para darle autonomía.
Mariana Benítez convocó a dejar de ver los sistemas anticorrupción y de transparencia como organismos aislados, sino como parte de un gran todo que funciona con una lógica propia para acabar con la corrupción. Dijo que fue un gran acierto colocar a la transparencia como centro del sistema, porque otorga al ciudadano en pleno ejercicio su derecho de acceso a la información, lo cual contribuye de manera importante a evitar la captura de los puestos, decisiones y presupuestos públicos.
No ha fracasado la transparencia frente a la corrupción, las lupas del Sistema Nacional de Transparencia han permitido que se vea mejor lo bueno y lo malo de la gestión pública. El Sistema Nacional Anticorrupción deberá culminar el reto. ¡Esperamos se integre pronto! Es inaceptable que no haya, aún, el ansiado fiscal anticorrupción.
