La transparencia oficial. Deber permanente, tarea interminable

La transparencia pública sobre la gestión del Estado y sus agencias no se verifica automáticamente, no acontece por decreto ni ocurre a veces o a veces si y otras no. Por consecuencia no es una obra de caridad pública que un gobierno generoso obsequie a los usuarios de los servicios públicos. 

Garantizar la publicidad de la actividad pública es un ejercicio integral e ininterrumpido que involucra a las autoridades bajo el acicate de la ciudadanía

La transparencia es un indicador democrático que se puede medir, como en saludable metáfora, se puede tomar la presión arterial de un paciente o los niveles de colesterol para controlar un estado óptimo de salud. La transparencia pública es un reflejo del orden público y de una función pública presumiblemente eficiente. 

No basta que haya una ley que haga obligatoria la medición de los niveles de transparencia gubernamental mediante procedimientos ciertos y sencillos para la población. Tampoco es suficiente que las resoluciones que los organismos que vigilan que la transparencia se cumpla sean independientes frente a las burocracias a las que ordenan abrir o entregar información pública de oficio y/o por reclamo ciudadano. 

Se precisa además, que dichas instituciones, garantes de esta causa, estén equipadas y dotadas de un presupuesto adecuado y, por si fuera poco, se requiere, y es lo principal, que la gente exija de modo constante más y mejor información al gobierno y, para concluir la ecuación, que los gobernantes estén comprometidos más que legalmente, por un imperativo cívico a gobernar a la vista de la ciudadanía. Muchas exigencias para lograr el milagro de la transparencia oficial. 

Sin embargo, nada de lo avanzado garantiza que los buenos estándares alcanzados se mantengan, o sea, puede haber regresiones. Por eso es preocupante que siga habiendo resistencias al escrutinio ciudadano respecto del quehacer público.

A pesar de más de 15 años de contar con una legislación que ha evolucionado hasta ser considerada la mejor en su género y de haberse transformado las instituciones especializadas para hacer cumplir a las dependencias públicas.

Cada ciclo gubernamental se asegura, será una gestión transparente y luego, a la hora de cumplir los deberes que, –es cierto, cada vez son mayores– las resistencias resurgen. Por tanto, se precisa que la ecuación que arroja un gobierno cristalino se repita cada día.

En el afán de arraigar los hábitos ciudadanos para exigir explicación a cada tramo de la gestión gubernativa para que los servidores públicos encaren y asuman con probidad sus responsabilidades, seguirán siendo necesarios eventos para revisar lo avanzado e intercambiar experiencias nacionales e internacionales.

La semana que concluye celebramos, en el Inai, Dos relevantes acontecimientos: la cumbre latinoamericana de transparencia y la Semana Nacional de Transparencia.

El Inai trajo el foro de la Red de Transparencia de America con la participación de 22 países incluidos organismos similares invitados de África, y organismos multilaterales como la Unesco y Eurosocial, la Red por la Rendición de Cuentas, entre otras. Esto fue lunes y martes y tuvimos el privilegio de sesionar en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores y, el miércoles 13, el Canciller Marcelo Ebrard inauguró en ese emblemático edificio ubicado frente al Hemiciclo a Benito Juárez “El benemérito de las Américas” la Semana Nacional de Transparencia.

Jueves y viernes nos trasladamos al edificio sede del Inai.

En un ejercicio de austeridad republicana y gracias a las gestiones interinstitucionales precisas, en vez de celebrar ambos eventos que, por separado se justifican plenamente, los unimos en una semana, –eso sí– intensa pero fructífera porque, a sugerencia de mi compañero, el comisionado Oscar Guerra Ford, quien coordinó ambos eventos, propuso aprovecháramos la convocatoria de los expertos internacionales de la RTA y que algunos fueran parte del programa de la Semana Nacional de Transparencia.

Reconocemos que debemos encontrar caminos para seguir difundiendo y motivando la práctica del derecho a saber el qué, cómo, cuándo y dónde de cada acto de carácter público. El Inai cumple y hace más con menos, mandato de la era de la austeridad acentuada sin dejar de cumplir su importante función.

Las instituciones democráticas como las que regulan campos de la actividad pública y la privada y especialmente las que como el Inai supervisan desde afuera la labor del gobierno, controles externos, no son costosos, son medios valiosos para defender la democracia que es un bien colectivo aún para los que no crean en ella y sus procedimientos.