La lista de gastos de publicidad oficial (2012-2018)

El 30 de mayo, la Oficina de La Presidencia de la República hizo llegar al solicitante de esa información, con copia al Inai, una relación de 4,012 nombres de personas físicas y personas morales (empresas) y los montos de cada contrato que, en materia de publicidad oficial, hizo el Gobierno Federal a lo largo del sexenio anterior. Por tanto, la información complementaria satisfizo la expectación mediática causada por la circulación anticipada de una lista de 36 reconocidos periodistas y empresas periodísticas que son parte de esa trama de contrataciones de publicidad oficial. Sin embargo, la lista de los 36 fue sustituida en el ánimo social por “La Lista" (completa). De eso se trata: la transparencia ha de ser el camino para conocer los datos completos y exactos sobre cada decisión pública y especialmente si ello tuvo repercusión en el presupuesto.

La sociedad mexicana podrá corroborar muy pronto a quiénes y cuánto dinero –en cada caso– contrató el gobierno del expresidente Peña Nieto respecto de una suma de aproximadamente 62 mmdp. Ahora sabemos que fueron 798 personas físicas y 3,214 personas morales (empresas).

La Oficina del Presidente hizo lo anterior en cumplimiento a la resolución del Inai del 8 de mayo, en realidad, el envío del 30 de mayo fue un alcance a un correo electrónico del 22 de mayo con parte de la información. Cabe advertir que la lista completa de la que hablamos incluye algunos datos de 2019, que pertenecen al nuevo gobierno.

Cualquier gasto o inversión del erario ha de ser motivo de publicidad, incluidos los gastos que el gobierno haga para precisamente, publicitar sus servicios ante la población. Las democracias contemporáneas prevén que el Estado y sus dependencias u oficinas contraten publicidad dentro de un concepto más amplio: “servicios de comunicación social” que permitan al gobierno mejorar su diálogo con la población mediante estrategias de posicionamiento y reposicionamiento frente a una sociedad que se manifiesta escéptica de la calidad de los servicios públicos y más aún de la calidad y honorabilidad de los gestores públicos.

El Estado se ve obligado a invertir en comunicación política. Y dado que la evolución de las tecnologías de la información es incesante y la dispersión social se agudiza, el Estado y sus agentes necesitan de los especialistas de comunicación para ingresar en el ánimo ciudadano de forma asertiva.

Es cierto, en un esquema democrático contemporáneo la impresión que genera en la sociedad la política y los políticos no es la mínima aceptable, porque la dinámica democrática exige una ciudadanía que reta a su gobierno con una vigilancia sobre su comportamiento y en medio de una relación crítica. En democracia, la ciudadanía adopta una identidad insumisa que le permite premiar o castigar a los responsables de las administraciones públicas, pero mucho antes de los ciclos electorales para el recambio de los mandatos públicos. En genuina participación ciudadana, la sociedad se expresa y califica de manera continua los rasgos de la tarea gubernamental y concretamente, emite señales de aprobación o repudio a cada reflejo de decisión pública (incluidas las omisiones o inacción pública). Desde esa lógica, a medida que un gobierno atraviesa por situaciones adversas, ya sea por el fracaso de sus proyectos o por desaciertos de sus integrantes, se ve urgido a comprar más servicios de comunicación política para equilibrar su imagen. En un mundo global, las campañas de mejoramiento de imagen pública también las requieren los gobiernos para conquistar o reconquistar la confianza de los mercados y los inversionistas extranjeros. La legitimidad de estas inversiones o gastos merece un debate adicional.

Precisiones:

1. En ningún momento, el Inai, al instruir la entrega de la correspondiente información, ha calificado negativamente el gasto o la inversión efectuada por la anterior administración en esta materia. Tampoco ha descalificado a quienes figuran en esos listados. El Inai no juzga conductas públicas, sólo obliga a que se conozcan los detalles que las originaron y costearon con recurso público. 2. En ningún momento, el Inai ha sostenido confrontación con los integrantes del nuevo gobierno relacionadas por acciones relativas al envío de esta información a los solicitantes (con copia al Inai) y menos aún por las supuestas filtraciones de fragmentos de la información de comentario. 3. Al enviar al solicitante (con copia al Inai) la lista completa de los 4,012 periodistas y empresas, es muy probable, se cerrará con círculo virtuoso un ejercicio que se materializa conforme la Ley General y Federal de Transparencia lo establecen.

Todo indica que el nuevo gobierno federal no gastará o invertirá en estos rubros y ésa es una decisión política. Si destinase al respecto la menor cantidad de dinero público, estaría obligado a rendir cuentas publicándolo conforme lo exigen las obligaciones de transparencia institucional.