La CNDH, ¿en peligro de extinción o de reinvención?

Francamente, fue inesperado, al rendir el informe anual 2023, la titular de la CNDH anunciaba como algo conveniente la extinción de la institución que encabeza desde hace más de cuatro años. Justo a un año de concluir el mandato conferido por el Senado de la República, la presidenta de la CNDH dijo, con un aplomo sorpresivo, que la CNDH ya no se justificaba y que habría que transformarla en algo distinto, en una “Defensoría del pueblo”. Como si la protección de los derechos humanos de la sociedad, en general, no fuera equivalente.

Al margen de la polémica que sus afirmaciones propiciaron y lejos de compartirlas, hubiera sido muy saludable que, con ese tono enfático y hasta enérgico, se hubiera sostenido en sus discursos y declaraciones a lo largo de tanto tiempo. Rosario Piedra Ibarra nos acostumbró al terso estilo de anunciar sus recomendaciones a los responsables de violación de los derechos humanos y no tenemos en mente algún pronunciamiento significativo frente al gobierno federal.

Las estadísticas de la labor del año pasado son muy amplias en número de  actividades: recomendaciones; alertas; medidas cautelares emitidas; difusión (promoción) y capacitación, entre otros servicios institucionales (una institución con una plantilla de considerables dimensiones y de un presupuesto que supera los de algunos de los órganos constitucionales autónomos, como el Inai y la Cofece).

Así las cosas, más extrañas parecen las conjeturas de la titular de la CNDH, porque, si como lo asegura, el trabajo del organismo ha crecido, la inevitable pregunta es: por qué no las hizo desde que arribó al organismo y/o por lo menos al término de la pandemia.

Durante la trama de la pandemia, la CNDH no exigió al controvertido encargado de la estrategia federal contra covid-19 la verdad, no sólo sobre las cifras de los contagiados y de los que perdieron la vida a consecuencia del virus (no por “neumonía atípica”), sino por la ligereza al desaconsejar la necesidad de usar el cubrebocas, y otros que resultaron letales.

Tampoco hubo una decidida CNDH para obligar con intervenciones urgentes y contundentes para que no se dejara a la intemperie a miles y miles de personas sin los tratamientos imprescindibles; por ejemplo, a los niños con cáncer y a los miles de pacientes sujetos a tratamientos por enfermedades crónico degenerativas como la diabetes, el cáncer, padecimientos terminales de personas con VIH (por referir a los más representativos); y a todos los pacientes hospitalizados que, por la emergencia sanitaria de 2020-2021, fueron reemplazados de las atenciones médicas preventivas y remediales, por haber tenido que destinar hospitales exclusivamente a pacientes con covid-19. Sinceramente, en ese trance, hizo falta la voz del ombudsman que, por “sentido de Estado”, debió haber salido a señalar las deficiencias arriba descritas, a los sectores gubernamentales involucrados (incluyendo al mismísimo Presidente de la República).

Curiosamente, las recomendaciones más difundidas por la CNDH fueron aquellas dedicadas a hechos ocurridos en el pasado, como la número 137VG/2023 (sobre casos de violaciones graves a la memoria y a la verdad por los hechos ocurridos en 1958 y 1966, periodo en el que desapareció su hermano, tragedia que hizo la causa del valiente activismo de doña Rosario Ibarra de Piedra).

Otro caso notable fue la recomendación 45VG/2021, respecto del caso de Ernestina Ascencio Rosario, que hizo reconducir las dimensiones efectivas de la tragedia de la anciana indígena de Zongolica, Veracruz, atacada por integrantes del Ejército en 2007; y, también, la recomendación 48VG/2021, referente al caso Luis Donaldo Colosio, que coincide con la reciente voluntad gubernamental de reabrir el lamentable caso. 

La extinción del ombudsman (la CNDH) o su reinvención, a propuesta de su titular, es un asunto desconcertante y, por tanto, merece mayor volumen. Desde 1999, en que la CNDH se convirtió en un Órgano Constitucional Autónomo, han transcurrido casi 25 años.

Y no basta que haya más recomendaciones, se requiere que esas recomendaciones sean de gran calidad y pongan al poder en jaque, para que desista de oprimir y/o ignorar el dolor social por las deficiencias de la gestión pública.