La CNDH, ¿defensora del pueblo o de las autoridades?

Hace unos días, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), volvió a generar polémica. Después de las inesperadas declaraciones de su informe  anual, que propuso la necesidad de extinguir la institución. Ahora, tuvo el desatino de calificar y censurar las consignas de la sociedad durante la marcha por la democracia del pasado 18 de febrero.

Reitero, la titular de la CNDH, fuera de sus atribuciones, que la ciñen a señalar conductas de las autoridades, como corresponde a un ombudsman, supervisar y corregir. Por increíble que parezca, la CNDH, que permanece meses en silencio frente a tantos motivos que agravian a la población por inacción y omisión del gobierno, se vuelve centro de la atención, pero no de la mejor manera. 

Al ombudsman no le corresponde el comportamiento social –individual o colectivo–  de los asistentes a una manifestación que concluyó en el Zócalo de la Ciudad de México. Los acusó de racismo, por corear críticas al Presidente de la República, inclusive ofensas a su persona. Naturalmente eso no es loable, pero en todas las democracias ocurre y toca aguantar. El gobernante se alquila para servir y también para encarar con templanza las recriminaciones de los inconformes con su gestión. La libertad de expresión de los ciudadanos es expansiva, mientras la de las autoridades públicas, no. Ningún gobernante puede impedir por cualquier vía las expresiones de la gente, aunque sean irrespetuosas.

Paradójicamente, las acusaciones que hizo la CNDH a los manifestantes irreverentes del domingo 18 de febrero nos recordaron “los ultrajes a la autoridad”, la inexplicable vigencia en Veracruz de un tipo delictivo por el que,  hasta hace poco, fueron privados de la libertad cientos de personas, por supuestos agravios a las autoridades locales.

Hace treinta años la principal misión de la naciente CNDH era erradicar la tortura. En los años 1990-1999, lo más urgente era exterminar el método de policías y agentes ministeriales para intimidar y extraer la confesión de delitos no cometidos y así enviar a la prisión a inocentes que, por no contar con recursos económicos e influencias para “arreglar” su situación, terminaban de “chivos expiatorios”. Sin embargo, esa cuestión le costó ser acusada de defender a los delincuentes.

- La desaparición de personas, la extorsión y la violencia que produce la inseguridad pública deberían reclamar una CNDH más potente y decidida a proteger a las víctimas de los errores y abusos de la autoridad y a observar con precisión el cómo debe repararse el daño y/o compensarlo de algún modo cuando hubiera habido violaciones a derechos humanos.

- La CNDH fue acusada hace treinta años de ser “defensora de delincuentes”. A lo visto y escuchado, hoy la CNDH está más preocupada por los malos modales de los manifestantes en vía pública. El ombudsman no es ni puede ser un defensor de las autoridades. Una suerte de escolta de los depositarios del mandato público.