¿Inteligencia nacional o espionaje presidencial?

El Pegasus está diseñado para el combate al narcotráfico y el terrorismo y su aplicación es controlada por la correspondiente autorización judicial. La noticia es que se aplicó indiscriminadamente en contra de activistas de derechos humanos, periodistas incómodos y opositores.

La estimación que se hace del uso irregular del Pegasus podría alcanzar los 50 mil casos y de ésos, 15 mil habrían sido en México.

La reacción internacional de indignación democrática obligó a la empresa israelí a abrir una investigación. Las principales organizaciones defensoras de los derechos humanos, como  Amnistía Internacional, exigieron a los gobiernos de los países involucrados una indagatoria y resultados inmediatos, con independencia de si esos deleznables sucesos hubieran ocurrido antes del ejercicio del poder que actualmente ostentan.

En México supimos desde 2017 parte del uso indebido de Pegasus a raíz de las denuncias de algunas víctimas. Ahora se incluye en esa lista al actual Presidente de la República y a cercanos familiares. La queja entonces fue que, durante 2014 y 2016, los teléfonos celulares habrían sido infectados por el malware y así invadida su privacidad con fines de espionaje político.

El asunto motivó la intervención del INAI y de la CNDH que, como instancias externas e independientes del gobierno acusado de espía, hicieron lo que podían desde su ángulo de intervención. La CNDH trató de indagar la conducta oficial de espiar a personas sin autorización judicial y el INAI intervino para identificar los rastros del manejo indebido de los datos personales de personas espiadas con ese virus. Además, en 2019 ordenó a la Fiscalía General de la República desinstalar ese mecanismo.

Definitivamente, todo gobierno democrático debe contar con un centro de inteligencia nacional para dar seguimiento a ciertas actividades personales de actores públicos a efecto de tomar medidas que garanticen la estabilidad política, pero no para espiar la vida privada de esas personas para eventual amenaza o chantaje o represalias.

Dado que esta columna está dedicada a relatar la atmósfera del presidencialismo mexicano en todas sus épocas, conviene recordar que siempre ha existido un control sobre la información estratégica, a lo que se le llama inteligencia política, y eso es legal, pero, si hubiera excesos, además de ilegal podría ser ilegítimo por equivaler a un control autoritario.

En 1918, Venustiano Carranza decidió crear un espacio en la Secretaría de Gobernación para dichos fines y en 1929 Emilio Portes Gil creó el Departamento Confidencial. En 1939, Lázaro Cárdenas lo transformó en la Oficina de Información Política, al seno de la Secretaría de Gobernación. A partir de 1947 la tensión internacional instó a Miguel Alemán a convertir aquella oficina en la Dirección Federal de Seguridad, cuya siniestra actividad se extendió hasta la creación del CISEN, en 1989, por Salinas de Gortari, un aparato adscrito a la Secretaría de Gobernación, hasta que a finales de 2018 se transformó en el Centro Nacional de Inteligencia, pero adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

 La cuestión no está en localizar los contratos de las dependencias que hubieran adquirido Pegasus, y algunas deberían tenerlo por razones de inteligencia militar. Lo importante será comprobar cómo se habría utilizado Pegasus en casos concretos y lo grave que hubiera sido, como se asegura.