Inai y Coahuila protegerán datos personales de desaparecidos

A esa sesión, que se prolongó por más de cuatro horas, en la que, además del gabinete del Estado (las áreas involucradas en las tareas correspondientes), estuvo presente, en ese entonces senadora, Olga Sánchez Cordero, quien a partir del 1 de diciembre se desempeña como secretaria de Gobernación de la nueva administración pública federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Ahí testimoniamos un mecanismo de diálogo reforzado entre las autoridades locales y los familiares de los desaparecidos, llevado desde hace unos meses, están también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), representada por el primer visitador Ismael Eslava, y un grupo de trabajo plural de expertos en derechos humanos, que incluye a los representantes de la oficina de la ONU en México y que integra también a la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la UAC.

Sin duda, un modelo de entendimiento con las familias que sufren el dolor incesante y continuado por la incertidumbre, el miedo prolongado, la imposible resignación y la paradójica esperanza; sentimientos que rodean la desaparición en medio de la tragedia.

Por eso expreso respetuosa admiración a esos colectivos que han estado trabajando en lo que se ha vuelto su leitmotiv y que, conversando con acuerdos, dialogan con la autoridad local que hizo desde que llegó un compromiso de encontrar soluciones, las que sean, pero no más simulación y, menos aún, indiferencia.

Cómo no reconocer a esos familiares que, con la tortura del llanto contenido, de la larga vigilia desesperada y lenta que carcome, porque la vida de los parientes se interrumpe, se estaciona.

La vida de ellos se bifurca, se conduce por una senda paralela; de un lado, los pasos que hay que dar sobre la tremenda ausencia, y por el otro, la senda para sobrevivir y llevar la cruel marcha de la vida que sigue, el mundo que en su vértigo se vuelve indiferente a ese dolor que, a su vez, pasó del “coraje humano” a un “coraje cívico”. Una energía que deje algo concreto, como el construir las condiciones para la no repetición de esos terribles y execrables acontecimientos que pudieron cegar esas miles de vidas en la soledad, mientras no se enjuicie a responsables, que están en la miserable impunidad.

Estruja escuchar a los familiares y a sus abogados hablar de los procedimientos para la identificación de las osamentas de miles de restos humanos localizados en las macabras “fosas comunes”.

El Inai —en mi persona— regresó a Saltillo, Coahuila, ayer 14 de diciembre, a firmar un convenio con el gobierno de Coahuila para acompañar el tratamiento debido de los datos personales de los desaparecidos (paradójicamente, muchos de ellos aún no identificados sus restos, otros todavía con esperanza de ser localizados vivos o sus cuerpos o restos exhumados).

Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, aseguró que se dará réplica a este esquema por toda la nación.

El Inai se sumará a este modelo de actuación para atender tan delicada y penosa tarea que implica, además, la urgencia de no revictimizar a los familiares. Porque toda la pesadilla que han tenido que vivir con los ojos abiertos ha esparcido también millones de datos personales que expresan su condición individualizada y que deben ser debidamente tratados de cara al porvenir.