Inai, SAT, Fundar y las condonaciones de créditos fiscales

La otra batalla fue en el terreno de los tribunales federales. Los jueces de amparo, luego de largo periodo de silencio, han comenzado a reconocer que esta información es pública, a partir de que ya no implica secreto fiscal y, que naturalmente, se debe poder conocer los beneficiarios de estas consideraciones excepcionales y los montos que ello representa y eso ha funcionado a partir de 2015.
El problema radica en el conjunto de casos de 2007 a 2015. En 2007, el Congreso autorizó la dispensa de 70 mil millones de pesos por concepto de condonaciones y cancelaciones de créditos fiscales. Fundar inició una serie de investigaciones empleando el derecho de acceso a la información a través de solicitudes al SAT, mismas que el SAT denegó bajo la figura de ser aquella información restringida, protegida por el secreto fiscal.

El entonces Ifai resolvió que esa información debía ser pública. El SAT de aquella época emprendió una categórica advertencia a los comisionados del Ifai, advirtiéndoles que de proseguir resolviendo en esa dirección podrían ir a cárcel por traicionar el secreto fiscal.

Durante esta etapa de alta tensión, el Ifai con valentía tuvo que administrar las poderosas amenazas del SAT, el Ifai, aunque dotado de independencia técnica, era un organismo descentralizado del poder Ejecutivo Federal (pertenecía a la periférica del Poder Ejecutivo Federal). No obstante, la mayoría de sus comisionados no sucumbió a las intimidaciones y prosiguió en esa línea interpretativa, naturalmente, el SAT incumplió todas esas resoluciones.

En 2014, derivado de la reforma constitucional, el Inai se transformó en un organismo constitucional autónomo, y desde mayo de 2014, hemos resuelto casi 50 veces ordenando una tras otra la apertura de la información de referencia. Sin embargo, cuando Fundar exigió la que comprendía de 2007 a 2015, los contribuyentes beneficiados se ampararon y lograron suspensiones definitivas extensivas, juicios que apenas comenzaron resolverse.

Más de cuatro años de litigio estratégico hizo que Fundar recibiera la razón por parte de los jueces, y luego el SAT aún tuvo duda razonable en cumplir las resoluciones del Inai por el temor a violentar el secreto fiscal y por no poder notificar materialmente a los miles de casos de créditos perdonados o cancelados que entregaría la información a Fundar. Tuvo entonces que venir una nueva orden del juez de amparo para despejar la duda y así ordenar de plano al SAT entregar toda esa información sin cortapisas.

Indiscutiblemente, al SAT, que dirige Margarita Ríos Farjat, le tocó el corolario de esta intensa y muy tensa confrontación interinstitucional Inai vs SAT. Cabe reconocer que el SAT, que ella encabeza, respondió con diligencia y en una suerte de compensación a la tremenda espera entregó las listas –en formato digital abierto o flexible– que podría haber entregado en otra suerte de instrumento dificultando su acceso. La entrega consiste en más de 21 mil créditos condonados y cancelados en favor de aproximadamente 15 mil contribuyentes: personas físicas y morales (empresarios y empresas).

Esa interesante relación de nombres y montos detalla lo referente a 170 mil millones de pesos que de 2007 a 2015 el fisco dejó de recibir.

Mientras que el SAT no pudo entregar aún otro bloque de información relativa a los 201 contribuyentes que consiguieron el beneficio de privilegio respecto a sus créditos fiscales, en un monto de aproximadamente 100 mil millones de pesos. Seguramente, los amparos que protegieron el anonimato de esos contribuyentes se irán resolviendo conforme a los precedentes, entonces podremos celebrar la hazaña en lo integral.

El Inai ha sido desestimado por parecer impotente en casos como éstos, pero lejos a su contundencia de criterio, los jueces de amparo lo han frenado con suspensiones ilimitadas. Corresponde a la vez reconocer que el Poder Judicial de la Federación, en estos temas, ha renovado su posición y ha venido reconociendo la razón a las resoluciones del entonces Ifai y del actual Inai.

Antes de cerrar quiero reconocer que en estos casos los siete comisionados del Inai hemos ido de modo unánime, desde 2014 a la fecha, y la causa con Fundar la han acompañado desde entonces Óscar Guerra Ford, luego Joel Salas Suárez integrantes de las comisiones de Gobierno Abierto y políticas de acceso a la información, recientemente Blanca Lilia Ibarra, enlace con las organizaciones de la sociedad civil, y Josefina Román Vergara, quien asumió la misión de ir a formular alegatos ante el juez de amparo que llevó esta causa.