¿Gobierno Abierto, vía del nuevo tiempo democrático?

La austeridad republicana y la anticorrupción deben ser activos que se añadan al acervo de instituciones y procedimientos que pueden generar contenidos refinados para la solidez democrática de nuestros días de cara al porvenir

La democracia contemporánea necesita reafirmarse y procrear nuevas vías, como el Gobierno Abierto, para garantizar que la inversión democratizadora no cese en sus procesos y procedimientos y para evitar que la sedimentación democrática –que ha costado décadas– experimente regresiones. (Por cierto, los acontecimientos en el Congreso de Baja California de hace unos días encienden alertas y alarmas).

Del más vigoroso presidencialismo, incompatible con las más mínimas expresiones de libertad de prensa y de participación ciudadana libre (no fruto de la inducción o cooptación), pasamos a uno que fue asimilando elecciones razonablemente confiables. La oposición comenzó a integrar gubernaturas, la primera, justamente, Baja California en 1989. (Después de la controversial elección presidencial de 1988).

A ese largo y esperanzador  proceso de modernización política se le llama “transición democrática mexicana” y, para la mayoría de los analistas inició en 1977  y concluyó en el 2000 con el advenimiento de la primera alternancia de partido en ejercicio del gobierno federal.

Así se fueron abandonando los esquemas del nacionalismo estatista afirmado en la década de los años setenta, ideario populista de economía cerrada y progresivo endeudamiento internacional avalado por la riqueza petrolera.

La transición a una economía de mercado y la adopción de reglas electorales supuso de transformaciones constitucionales para extirpar del poder Ejecutivo las medidas que debe efectuar un banco central autónomo así como la edificación de un sistema electoral depositado en un organismo especializado y autónomo (IFE-INE).

En ese proceso, la exigencia de cláusulas democráticas impuestas como garantías para la inclusión de México en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norte América y Canadá  (NAFTA) y para celebrar convenios con la Unión Europea fueron decisivos para que las reformas político-económicas de contenido democratizador continuaran dando paso a la evolución en órganos autónomos para la protección de los derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); la autonomía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para garantizar cifras indiscutibles de la estadística poblacional, la autonomía de un “tribunal de cuentas” depositado en la Auditoria Superior de la Federación y la creación del IFAI- Inai para garantizar transparencia pública y la protección de los datos personales, ahora instancias del Sistema Nacional Anticorrupción.

 De 2000 a 2018 prosiguió la transición con más alternancia de partido en el gobierno federal y ahora una nueva composición parlamentaria en favor de un nuevo partido dominante. Algunos creemos que a partir de 2018 podría comenzar la plena “consolidación democrática.” La austeridad republicana y la anticorrupción deben ser activos que se añadan al acervo de instituciones y procedimientos que pueden generar contenidos refinados para la solidez democrática de nuestros días de cara al porvenir.

En consecuencia, el Gobierno Abierto ideario de un gobierno edificado dentro de la legalidad, pero de acciones elaboradas por el concurso de autoridades en diálogo con la sociedad representada por las organizaciones especializadas en los diversos procesos para el desarrollo de las libertades ciudadanas. Un Gobierno Abierto implica contar con un poder Legislativo federal y local que funcione mediante Parlamento Abierto (para que, por ejemplo, no haya albazos como el ocurrido en Baja California, cuyo congreso extendió en una negociación extraña el mandato del gobernador recién elegido, con aval de la oposición para un trámite anticonstitucional).

El Gobierno Abierto se anida en el campo del poder Judicial a través de mecanismos de apertura y participación ciudadana y produce “justicia abierta” y, especialmente, sirve para asegurar que del Poder Ejecutivo emanen servicios públicos de calidad, en respuesta a la demanda de la gente, servicios públicos oportunos y gratuitos para el alivio y la satisfacción de las necesidades más apremiantes de la población.  Esperamos que la señal de la Cuarta Transformación de la República elija transitar por el Gobierno Abierto.

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