Filtraciones no son transparencia del caso Odebrecht
El acuerdo de extradición conseguido con el exdirector de Pemex bajo el principio de oportunidad(que entraña unanegociación de condiciones favorables para Emilio Lozoya) se ha difundido bajo los cánones de la filtración y las especulaciones
La extradición del exdirector de Pemex no significa que haya transparencia en el caso. Tampoco garantiza que habrá responsabilidades para todos los involucrados, para eso falta saber cómo se consignará la kilométrica averiguación previa que integró hace cuatro años la PGR y que luego le dejó en herencia a la FGR.
Urge conocer la versión pública de esa averiguación previa —instrucción del Inai, a la fecha incumplida—, precisamente, para que se conozca a qué funcionarios públicos se incluyó en la lista de presuntos responsables y testigos, así como la clase y el número de diligencias que se practicaron hasta octubre de 2018. Clave para que exista un control social pendiente de la evolución de los juicios y sus resultados.
El acuerdo de extradición conseguido con el exdirector de Pemex bajo el principio de oportunidad (que entraña una negociación de condiciones favorables para Emilio Lozoya) se ha difundido bajo los cánones de la filtración, las especulaciones y las revelaciones formalmente no autorizadas por la autoridad ministerial a cargo de la indagatoria que forma parte de la Fiscalía General de la República.
Esa autoridad ministerial, de la que ahora se han filtrado —al parecer— las supuestas declaraciones del recién extraditado, es la misma que, desde hace tres años, se ha negado a responder con transparencia y en rebeldía a la orden del Inai de brindar información precisa mediante versión pública de la multicitada averiguación previa.
Resulta inaceptable que de la hermética Fiscalía General de la República hayan salido versiones que inundan los medios de comunicación con conjeturas prejudiciales, dispersadas exprofeso antes de llevar el asunto a la correspondiente autoridad jurisdiccional. Eso favorece los conocidos “juicios paralelos”, los cuales tienen consecuencias absolutamente contraproducentes.
El Inai ha resuelto 25 recursos de revisión de 2017 a la fecha. La antigua PGR propició 10 recursos promovidos por personas afectadas por las respuestas de la institución, la Fiscalía General de la Republica propició dos recursos a partir de diciembre de 2018.
De los 25 recursos resueltos por el Inai, cinco fueron contra Pemex, otros cinco contra Pemex Transformación, y tres contra la Secretaría de la Función Pública. Esto representa que la principal barrera contra la que tropezaron los reclamantes de la información fue una alzada porque la información solicitada se encontraba inmersa en trámites de procuración de la justicia y procedimientos administrativos de responsabilidades, excepción a la publicidad reconocida por la Legislación.
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Sin embargo, el Inai fue modificando su criterio para ordenar que se abriera la información abocado al principio de ser éste un asunto de interés general, en tanto que no era factible invocar la excepción a la reserva por tratarse de actos de corrupción porque fue hasta febrero de 2019 que el Senado de la República nombró a la fiscal Anticorrupción.
El Inai fue modificando su criterio para resolver y ordenar la apertura de esa información que la entonces PGR y la FGR estimaron, y siguieron estimando reservada, porque, reitero, la regla es que toda averiguación previa o carpeta de investigación en trámite es materia de reserva. El Inai no podía, jurídicamente, ordenar la apertura hasta que, a mediados de 2017, el titular de la entonces Fiscalía Especializada en Delitos electorales (Fepade) hizo público que tenía elementos para asegurar que hubo dinero de Odebrecht en la campaña del entonces Presidente de la República. Esa consideración de autoridad competente sentó las bases para resolver en lo sucesivo que se abriera la información mediante versión pública, sin el riesgo de inducir o justificar que se violara los principios de debido proceso o de presunción de inocencia.
Hubo que esperar a que se desecharan y declararan improcedentes los juicios de amparo interpuestos (hasta por personal de la misma Fiscalía General de la República) en contra de la orden del Inai.
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A estas alturas es más urgente que se abra la versión pública de lo que se hizo en la investigación hasta octubre del 2018. Podrían modificarse hechos en perjuicio del principio de legalidad.