Elecciones, debate y órganos autónomos en una democracia republicana

Elecciones, debate y órganos autónomos en una democracia republicana

El debate público que propicia el agitado contexto electoral debería alimentarse más del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. La asimilación ciudadana del derecho a conocer los detalles de la gestión pública (incluida la de los partidos políticos, los candidatos de partido y los independientes) por la vía instrumental de la transparencia y el reclamo informativo, es progresiva, gradual, sostenida y tiende a aumentar en proceso electoral, y eso es una ecuación democráticamente alentadora.

El “fuego cruzado” del discurso entre candidatos y dirigentes de partidos políticos respecto de asuntos objetivamente públicos sería más sólido y trascendente aún si se basara o fundara en la extracción de datos públicos localizados o conseguidos mediante exigencias de acceso a la información. Respetuosa sugerencia.

A lo visto y oído en las campañas, que concluirán con la gran jornada comicial del primero de julio de 2018, la transparencia, la rendición de cuentas, el Inai y sus procedimientos de intervención han sido invocados de manera recurrente. Es cierto, para bien y para mal; a veces con idealismo retórico, otras con pesimismo infecundo, o con el escepticismo de la duda razonable y no han faltado las que con elocuente ignorancia echan todo lo que en esta asignatura se ha logrado por la borda y directamente al bote de la basura, que porque son instituciones caras e inútiles. En cualquier caso, para estas instituciones que de manera referencial representa el Inai por su condición de figura nacional, esa inclusión o alusión reiterada, a pesar de las incomprensiones expresadas, es más un dato conveniente que negativo. De otro modo, estarían en el anonimato, ausentes en el debate que refleja un momento determinante en el que la decisión comunitaria en las urnas definirá un eslabón más de la cadena de periodos sexenales de la República.

Hemos acumulado cuatro décadas de procesos ininterrumpidos de transición a la democracia y, dentro de ese lapso, llevamos más de tres lustros de consolidación democrática y eso es un bien colectivo que no pertenece a ningún partido, Presidente o líder alguno. Son una conquista de la nación.

Cada aspecto de la fisonomía pública: el paisaje de las instituciones y su correspondiente trazo normativo constitucional y legal son producto de un largo y esmerado ejercicio de construcción del nuevo institucionalismo mexicano, brotado desde 1977 a nuestros días. No son resultado de caprichos ni tampoco creaciones voluntariosas.

Resulta desconcertante que a estas alturas se sostenga que los Órganos Constitucionales Autónomos (los OCAs) son estructuras solamente caras e inútiles. Cada uno de estos organismos, sean unipersona-

les como el Banco de México, el Inegi o la CNDH

y los colegiados como el INE, el IFT, la Cofece y el Inai, son instituciones que nacieron para contener los

excesos de un poder ejecutivo federal que fue omnímodo durante la era de partido hegemónico por fortuna superada.

Por encima de los problemas que al seno del parlamento se originan al nombrar a los titulares de

los Órganos Constitucionales Autónomos, por la partidocracia que permite se acuerden cuotas entre las bancadas para verse reflejados en dichos organismos y más grave que, eventualmente, pretendan su captura o abdicación.

El diseño y competencias de los OCAs representan un rasgo moderno de la República, su misión es precisamente evitar que se pueda regenerar un presidencialismo expansivo, obsesivo y delirante.