El Inai y los órganos garantes semejantes estatales: 15 años de labor institucional

Últimamente, celebramos el arribo a los tres lustros de vida de las instituciones autónomas de transparencia. A partir de 2002, que se desencadenó la actividad legislativa en el plano federal, surgió el Ifai, organismo descentralizado.

Desde 2003, que inició la vigencia de la Ley Federal de Transparencia, la expansión de la tendencia alcanzó a las legislaturas estatales y comenzó la historia de los órganos garantes para la transparencia y la protección de datos personales.

Sin embargo, la exigencia de transparencia sobre la gestión pública se remonta a 1977, cuando fue revisada la Constitución; aunque esa intención se aplazó hasta 2002. El fenómeno de su instauración en las 32 entidades federativas fue casi simultáneo y la vocación federalista se condensó ensayando en los Estados mejores marcos normativos para la institución local. Competentemente, los organismos locales de transparencia nacieron con la capacidad de revisar y corregir el manejo de la información pública de los sujetos obligados de cada entidad federada; a diferencia del modelo federal, que fue representado por el Ifai sólo para el Ejecutivo y sus dependencias; y los otros Poderes generaron su órgano interno para resolver estas asignaturas.

Por eso, quienes consideran que estas instituciones son una moda o el resultado de un capricho gubernamental de reciente fábrica pueden enriquecer su impresión al considerar que surgieron para frenar el autoritarismo del régimen de partido hegemónico que existió durante décadas.

Estas instituciones se crearon por exigencia de las organizaciones de la sociedad civil que reclamaban certeza sobre el discurso gubernativo y sobre las acciones realmente realizadas. La democratización se hizo valer y requiere de instrumentos y procedimientos. Las instituciones garantes de transparencia y protección de datos personales son, entre otras cosas, esa clase de mecanismos de control para gobernar con datos ciertos y de lograr rendir cuentas, lo cual es incesante y en cualquier momento se puede perder el ritmo o dejar atrás los logros que se hubieran alcanzado y los hábitos democráticos, una vez obtenidos, se pueden extinguir. Por eso son necesarios los instrumentos y procedimientos.

En el afán de mantener los comportamientos democráticos, no debe ni bajar la inspiración, ni descuidarse los procedimientos que hacen efectivos esos estándares. La nueva épica republicana ha establecido como seña de identidad la austeridad –y es completamente razonable–. Para que esta nueva forma de hacer gestión pública prevalezca, será determinante la función del Inai y de las 32 instituciones semejantes de los estados (incluido el de la CDMX), para comprobar que la austeridad se cumpla y sean identificables los casos que por cualquier causa sean la excepción. Celebrar en promedio 15 años de rodaje institucional permite al Inai y a sus similares estatales aprender de lo vivido y asumir con responsabilidad el mandato confiado por la Constitución y las leyes; porque así cuidaremos que la democracia mexicana se perfeccione y se vuelva útil en sus procesos y que no sea sólo un factor o una variable para la estadística pública.

Al paso de estos tres lustros se ha avanzado de manera importante: las leyes primigenias fueron reemplazadas por leyes más exigentes y ambiciosas en sus términos y alcances.

Esto fue fruto de un ejercicio sostenido de insistencia ciudadana para esta cuestión no se volviera un sueño frustrado. Esta causa la iniciaron activistas de la sociedad civil organizada y destacados líderes parlamentarios de todas las fuerzas políticas del Congreso. Puedo afirmar que la causa de la transparencia como un control externo (ciudadano/ social) de la función pública arrancó desde el Legislativo al monopolio de la gestión pública inescrutable que ejercía el Ejecutivo, la oposición que fraguó a golpe de cincel la transición democrática impulsó estas leyes e instituciones para limitar parcelas de poder a un Ejecutivo que no quería aceptar ecuaciones de inspección externa de sus decisiones, no pocos activistas de aquella oposición sin ahora parte del movimiento que llevó por la vía de las urnas al nuevo gobierno.

Estas instituciones ni son ni serán jamás favoritas de quien ejerce el poder público porque su naturaleza es incómoda dado que deben exhibir cuando se ha denegado o entregado información incompleta o inexacta. Todavía a estas alturas persiste la impresión de que los que solicitan la información son el Inai y sus similares locales, cuando se ignora que la información es solicitada directamente por la gente y cuando las dependencias no responden bien, es que los afectados acuden a los órganos garantes vía recursos y entonces intervenimos y, si a pesar de nuestra sugerencia, las dependencias no entregan la información pedida es que les instruimos hacerlo en sesión pública y, claro, con resonancia en medios de comunicación y en las redes sociales. Por eso es necesario disipar dudas sobre nuestras funciones, probablemente, más ciudadanos ejerciten su derecho y vean que es por bien de la democracia que todos debemos cuidar.