El Inai nombrará dos integrantes del Comité Evaluador de los futuros consejeros electorales

La potestad que la Constitución General de la República concede al Inai para elegir a dos integrantes del Comité Evaluador, quienes a su vez determinan la elegibilidad y la idoneidad para el mandato de los consejeros del INE, es un motivo especial entre la relación del INE y el Inai.

Se trata de una interesante facultad que desde, una óptica “soberanista”, podría causar a los integrantes del consejo general del INE cierto recelo por esta curiosa intromisión periódica que también ha sido concedida a la CNDH. Que la Cámara de Diputados comparta con dos Instituciones constitucionales autónomas análogas al INE (integrantes de los OCAS: Órganos Constitucionales Autónomos)uno de los tramos para el nombramiento de los integrantes del INE, viéndolo con neutralidad, testimonia evolución democrática. En democracia, si bien existen parcelas competenciales exclusivas –que deben ser celosamente defendidas–, empero, también debe haber engarces de colaboración y control recíproco entre dichas instituciones en tanto que dichas prácticas faciliten límites de unos frente a otros, más que límites criba para perfeccionar decisiones o actuaciones adyacentes. En el juego democrático, el actor central ha de ser el ciudadano y sus libertades y derechos. Para que aquellas libertades y derechos sean garantizados se ha vuelto más complejo el paisaje de normas y procedimientos institucionales, dando paso a esta clase de intercesiones absolutamente convenientes. 

Así las cosas, estos entreveramientos competenciales generan, en su concreción, espacios para que los controles sociales vigilen la marcha de esos procedimientos y, de esa manera, la incidencia pública de la sociedad encarezca hasta impedir decisiones cupulares que sofoquen la toma de decisiones superiores.

Hablamos de determinaciones que rodean la delicada encomienda de funciones entregadas a los integrantes de los organismos colegiados, ideados para garantizar el reflejo del pluralismo político en el seno de las instituciones públicas que no son encauzadas por beneficiarios del voto popular. La teoría de la representación juega, en estos casos, una función de efectos indirectos. Los depositarios de un mandato constitucional compartido o unipersonal son el resultado de acuerdos parlamentarios senatoriales exclusivos, como el nombramiento de los comisionados cotitulares del Inai y el titular la CNDH, con alguna participación del Poder Ejecutivo,  mientras que el nombramiento de los consejeros electorales nacionales (INE) es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados con el ingrediente de esta interesante habilitación en favor del Inai y la CNDH, instituciones que nombran a cuatro evaluadores, más las tres designaciones de la JUCOPO, para formar siete integrantes del Comité Evaluador. Ésa es la parte central de esta reflexión.

La nueva era republicana, afincada en la “austeridad reforzada” (cuestión que deberá monitorearse para poder asegurar se esté observando), puso de relieve una suposición que vino a convertirse en acusación a la ostentosa celebración del ejercicio de gobierno y, especialmente, al costoso funcionamiento de los OCAS, que han sido calificados de “soluciones neoliberales” inútiles o innecesarias y, en esa línea argumental, un dispendio del erario atormentado y hasta un despropósito. El nuevo gobierno federal ha dejado en claro su distancia con una visión de complacencia con estas instituciones (OCAS), sin embargo, en el Senado y en la Cámara de Diputados, en lo general, ha prevalecido una actitud institucional responsable hacia estas instituciones (con la excepción del muy atropellado proceso de renovación del titular de la CNDH), por eso el nombramiento en paralelo de las cuatro vacantes en el INE y las dos en el Inai demostrarán qué tan cierto es que existe un verdadero compromiso democrático de los grupos parlamentarios.

La oportunidad del Inai de ejercer la selección de las dos personalidades que integrarán el Comité Evaluador ha de ser categórica y debe ser pulcra, transparente, como lo fue la primera vez que nos correspondió hacerlo en 2017, entonces nombramos a Sergio López Ayllón y a César Astudillo para integrar el Comité Evaluador que escogió, entre los aspirantes al cargo, a las ahora consejeras Dania Paola Ravel, Claudia Beatriz Zavala y Jaime Rivera.

Esta vez, la importancia de la decisión de nombrar a los dos integrantes del Comité Evaluador es igual desde el plano técnico jurídico, pero es mucho más relevante desde el contexto político nacional. Los comisionados del Inai hemos definido una ruta que permita escrutinio ciudadano. Cada comisionado propondrá dos nombres para consensuar dos finalistas, dando noticia de la evolución del acuerdo que esperamos sea unánime como en 2017 o por mayoría. Seguramente sabremos estar a la altura de la exigencia republicana.