El fallido Renaut de Calderón (2009-2011)

A propósito de la reciente creación de un nuevo instrumento de control oficial de usuarios de líneas telefónicas celulares: Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), cabe recordar el frustrado experimento de su antecedente: el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El malogrado Renaut que, al igual que ahora el Panaut, suscitaron amplia polémica, controversias ante la SCJN y miles de juicios de amparo por parte de usuarios.

Justamente, corría el tercer año del sexenio de Felipe Calderón cuando, como ahora, con prisas legislativas y justificando que era un imperativo para frenar la delincuencia organizada, contra la cual —dígase de paso— todos los gobiernos desde el año 2000 han fracasado. Entonces, por impulso del gobierno calderonista se aprobó en el Congreso el referido Renaut el 9 de febrero de 2009; la norma aprobada establecía un periodo de registro a partir del 10 de abril de ese mismo año 2009, al 10 de abril de 2010. Sin embargo, no tuvo la respuesta ciudadana esperada, unos 27 millones de usuarios, de los 83 millones de líneas, es decir, el cuarenta por ciento no se había inscrito para esa fecha.

 Para colmo, el 3 de junio de 2010, el diario El Universal publicó que dicho registro se encontraba a la venta en internet y en el mercado negro y las organizaciones sociales dieron a conocer cifras que la oposición adoptó para refutar al Renaut, se sostuvo que lejos de bajar la incidencia en los delitos que se perseguía disminuir desde que había sido creado, aquéllos habían aumentado a un año de su funcionamiento. También se acreditó que los registros de los usuarios que habían cumplido con ese deber no eran confiables en algún porcentaje derivado de las inconsistencias de la CURP.

La polémica se infiltró en el Congreso y, en un clima de un álgido debate parlamentario, se abrogó la ley respectiva y aprobó la desaparición del Renaut el 29 de abril de 2011.

Finalmente, el 15 de junio de 2012, la Secretaría de Gobernación informó haber destruido por completo las bases existentes.

Como ahora lo hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en el caso del Renaut lo hizo la entonces Cofetel, impugnaron la medida legislativa, aunque cada cual por razones jurídicamente distintas. Lo que las iguala en la distancia es que dichas instituciones estuvieron por ley obligadas a la administración de su correspondiente Renaut y Panaut, respectivamente.

Un dato interesante, el efecto de los datos personales en riesgo. Cuando el Renaut, si bien el argumento del riesgo del uso de los datos personales de los usuarios fue un motivo indirecto en las discusiones, fue hasta que se pudo comprobar que se habían filtrado al mercado negro tales registros. En cambio, ahora, el peso de los datos personales biométricos involucrados de modo impreciso y genérico en la reforma legislativa que creo el Panaut ha sido epicentro que movió al Inai a interponer acción de inconstitucionalidad contra dicha legislación ante la SCJN. Lo importante es que será el máximo tribunal el que despeje las dudas y sabremos si prosigue el Panaut o se ajusta a nuevos protocolos. Como sea, por la cultura presidencial, será recordado como un sello de la administración López Obrador.