El estado de salud del Presidente ¿es información pública?

La institución presidencial en México es motivo de permanente reflexión. Es indiscutible, la forma de gobierno, en el nuevo periodo sexenal, gravita cada instante sobre la vida nacional.

La voz del Primer mandatario se convierte en “el buenos días de la República” y su discurso se pone cual desayuno sobre la mesa nacional; esa energía presidencialista exhibe facetas del predominio, ajeno a controles del titular del Poder Ejecutivo federal que creímos había disminuido el lento y complejo arreglo democratizador de cuatro décadas.

Acaso el Presidencialismo está más vivo y más impetuoso que nunca. Sin ignorar que, para que haya un Presidencialismo invicto a los controles políticos, económicos y sociales se requiere que haya un sentimiento popular de vocación presidencial que elude el examen objetivo de sus decisiones (buenas o malas).

Hace unos días, el Senado aprobó la consulta para la revocación del mandato presidencial, un asunto que inevitablemente invoca referencias paralelas al significado histórico del mandato sexenal, que dejó atrás el periodo de cuatro años que aprovechó Álvaro Obregón para la reelección. Paradójicamente, el debate parlamentario respectivo a la revocación acaeció, mientras en Baja California se fraguaba una cuestionada y cuestionable solución: extender el mandato de dos a cinco años del nuevo gobernador por arbitrario acuerdo del Congreso local.

Pero regreso al título de esta colaboración en Excélsior. En ese contexto de exaltación presidencialista es interesante y hasta obligado abordar la cuestión de si es factible que sea público el estado de salud del Presidente.

Desde 2003, cuando entró en vigor la Ley Federal de Transparencia, hubo solicitudes de información dirigidas a la Presidencia respecto de la salud del Ejecutivo y siempre ocurrió lo mismo: fueron denegadas por considerarse de seguridad nacional o restringida, por tratarse de información confidencial. Pero no por referirse al estado de salud presidencial, sino porque la información sobre la salud de cualquier persona es un dato personal confidencial. Aun tratándose del más alto servidor público de la nación.

Hace unos días durante su conferencia matutina, el Presidente refirió haber recibido una solicitud de acceso a la información, que al parecer fue dirigida por alguien (incluso dijo un anónimo) a la oficina de la Presidencia. Al relatar el suceso en tono de cierta sorna, narró que en dicha solicitud le requerían los resultados de estudios médicos diversos, incluidos los relativos a la salud emocional. La reacción mediática fue de asombro y en las redes sociales hubo irritación por la solicitud, que pareció una insolencia ociosa o una suerte de impertinencia cobarde por el anonimato.

Conviene recordar que el derecho de acceso a la información pública no requiere que quien la exige se acredite y menos aún que dé cuentas respecto a los motivos para pedir dichos datos o el fin para el que lo hubiera hecho. Precisamente, el derecho a saber sobre cualquier asunto público debe ser libre y garantizado por el Estado y no debe haber represalias, así se plasmó en la ley. Desde luego que, dentro de la gama de cuestiones públicas a saber, por quien lo requiera, hay zonas restringidas por la naturaleza de la información. En el caso de la salud del Presidente en turno o de los expresidentes mexicanos existen limitantes, porque nuestra legislación de transparencia y la correlativa en protección de datos personales reconocen que esa información es confidencial, salvo que su titular la quiera compartir. En otras naciones, la salud del jefe del Estado o del Primer ministro puede ser en parte pública. La revelación de una quiebra en la salud de un mandatario puede causar efectos diversos a la economía y a la estabilidad política. En México, desde que surgió el Ifai (2003), la salud de los presidentes ha merecido solicitudes ante diversas dependencias públicas. Las hubo respecto a Fox, Calderón y Peña Nieto. Y es normal que ocurran ahora respecto del presidente López Obrador.

Sería interesante que los presidentes de manera voluntaria, por iniciativa propia o de manera proactiva (sin que se lo ordene la ley), compartieran aspectos sobre su salud para generar confianza y abrir un camino en esta senda, en la que por la importancia de la responsabilidad que ejercen deben sujetarse a mayores niveles de escrutinio social. No es una cuestión de morbo. Lamentablemente, hubo y probablemente habrá siempre solicitudes insidiosas y hasta agresivas, normalmente a título anónimo o mediante seudónimo; la Ley General de Transparencia no establece que esas deban desecharse por irrespetuosas, por lo que deben responderse respecto de lo que representa la información pública disponible documentalmente, dejando de lado la falta de elegancia de los solicitantes.

En estos casos aplica la lógica que frente al ejercicio de libertades y derechos es preferible que la autoridad tolere abusos a establecer censura o inhibir conductas ciudadanas.