Derechos humanos, ¿neoliberalismo o estatalismo?

A estas alturas seguimos hablando de la agenda “neoliberal” de los años noventa, pero poco se dice del esquema opuesto, el Estado cerrado de economía planificada sin límites, edificio estatalista. Efectivamente, después del fraude electoral de 1988, la crisis de legitimidad del presidente Salinas, perteneciente a la corriente de la economía monetarista lo llevó a la cumbre de Davos a negociar tratados de libre comercio, pero el resultado fue negativo.

Allá le dijeron, en México no se respetan los derechos humanos, la tortura es el método para extraer confesiones y culpar a inocentes y, muy grave, tampoco se respetan los resultados electorales.

No había de otra. Había que comenzar una agenda de transformación de instituciones y de leyes. La primera fue la reforma económica que le dio autonomía constitucional al Banco de México, era urgente sacarlo del control del Presidente de la República, quien determinaba la política financiera, la inflación y la paridad cambiaria.

Salinas le dio prioridad a la reforma económica, pero enseguida aceleró la evolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encabezada por Jorge Carpizo MacGregor. A su vez y con urgencia se diseñó el comienzo del Instituto Federal Electoral (IFE), hoy INE.

Ahora resulta que aquella agenda “neoliberal” creó instituciones inútiles y costosas. Una cosa es el costo de las cosas, otra es su valor. Se trata de gastos que son inversión en un bien colectivo, son pilares de la casa democrática. Esas instituciones fueron y debieran ser medicina para mantener bajo control la enfermedad crónica del autoritarismo.

El “neoliberalismo” es resultado de la globalización y sus efectos en todas las dimensiones de la vida de la “aldea global”; los diques y frenos a la autoridad pública nacional y los efectos de las instituciones y convenciones internacionales, por tibias que parezcan, marcan la diferencias entre países democráticos y regímenes autoritarios y más graves las restricciones dictadoras (regímenes totalitarios).

Curiosamente, a pesar de haberse superado aquella visión bipolar del mundo entre países capitalistas y países comunistas. Lo que está regresando es una afirmación del autoritarismo de “izquierda” y de “derecha” (ambos insoportables). La degradación democrática está dando paso a esas nuevas formaciones políticas antagónicas a las libertades esenciales, a la legalidad y a diferentes fórmulas de regular la propiedad privada, pero, en ambos casos conducen a la destrucción de las instituciones que sustentan la efectiva división de Poderes.

El “neoliberalismo” tuvo que asimilar el valor de indicadores básicos democráticos para poder ingresar en el club de los países desarrollados y los de economías emergentes como México, eludir esas reformas para garantizar la democracia era aislarse con países que profesan el credo estatalista como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

La idea de aniquilar las instituciones autónomas que hacen contrapesos a las decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo y a las del Poder Legislativo, propicia esas trabas o aduanas a la expansión autoritaria ilimitada.

Si la protección de los derechos humanos se pudo establecer como moneda de cambio a la economía abierta y competitiva, que finalmente también practican las grandes potencias no occidentales como Rusia y China, aunque sus gobiernos no respeten derechos humanos por pretextos ideológicos (como si las libertades fueran patrimonio capitalista), tampoco promulgan respetar DH porque reivindican formas de estatalismo. México es un país intermedio y debe avanzar en la ruta democrática, por esa vía conservará y aumentará su prestigio universal.

La vocación democrática de México debería ser objetivo común de neoliberalistas y neoestatslistas.