Crisis presidenciales por masacres

Tlatelolco ensangrentado, aquel inolvidable dos de octubre de 1968 cimbró la base piramidal del modelo presidencial mexicano. El presidente Gustavo Díaz Ordaz, a dos años de concluir su mandato sexenal, salió a justificar el horroroso episodio. Tendencia que persiste. ¿Por qué? Porque no ha han dejado de repetirse las masacres y ha continuado el titubeo de los presidentes para reconocer los crímenes masivos en los que han participado el Ejército y/o los cuerpos de paramilitares, en esos casos, es indiscutible que o hubo instrucciones para reprimir y asesinar o, peor, aún no existen controles efectivos de los mandos militares y de los responsables de la seguridad pública.

En ese entonces el “enemigo interno” a vencer eran los jóvenes estudiantes,  sus profesores y activistas enajenados por el comunismo y que, guiados desde Moscú, pretendían desestabilizar el país. Lo que sucedió es, entonces, ahora y siempre, insoportable.

Lo más grave es que, a pesar de que después de 1968 germinó el espíritu democratizador, no se han impedido sucesos parecidos desde, como Coyuca de Benítez, Aguas Blancas, en Guerrero, 1995; Acteal, Chenalhó, Chiapas, en 1997, y 2014, Ayotzinapa. Y así ha seguido habiendo lecturas ideológicas contra los oprimidos y asesinados y la participación del Ejercito o los temidos paramilitares y sigue habiendo masacres ligadas al crimen organizado, como la de Tanhuato, Michoacán, en 2015, y la de la familia LeBarón en Bavispe, Chihuahua, en noviembre de 2019, y la nula autoridad de los tres órdenes de gobierno.    

Aunque fue el presidente Díaz Ordaz el que asumió la responsabilidad política y moral de la conducta represiva de aquella desafortunada fecha, “dos de octubre no se olvida”, el enigmático Luis Echeverría Álvarez tuvo los hilos del control de la situación y resultó políticamente ileso de aquellas operaciones aberrantes. Naturalmente, fue el sucesor de Díaz Ordaz. Luis Echeverría asumió el poder con la consciencia de aquella marca que manchó el emblemático prestigio internacional de un país pacifista y de un país pacifico, los Juegos Olímpicos de 1968 fueron un mero distractor.

Osadía la del presidente Luis Echeverría haber ido a Ciudad Universitaria en 1975, un año antes de concluir su mandato, para conmemorar una efeméride de la UNAM, pues fue abucheado y expulsado a gritos y apedreado, después de arremeter desde el micrófono a los que comenzaron a interrumpir su mensaje; con similar discurso de Díaz Ordaz: “(…)jóvenes fascistas, así aclamaban a Hitler y a Mussolini (…)”. Desde entonces, ningún presidente ha pisado las instalaciones de la máxima Casa de Estudios.

Durante el mandato de Ernesto Zedillo acaecieron las matanzas de Aguas Blancas y la de Acteal y el silencio oficial fue la marca de la casa. Sí se lamentaron los hechos, pero no la responsabilidad política por actos ligados a las fuerzas armadas o policiacas.

Antes de Ayotzinapa puso en declive la confianza presidencial de Enrique Peña Nieto y, aunque se han hecho esfuerzos importantes para determinar a los responsables de los cuarenta y tres jóvenes desaparecidos y seguramente asesinados, no concluye ese asunto y faltan culpables por llevar a juicio.

En ese mismo 2014 hubo otra matanza de civiles, la de Tlatlaya, en el Estado de México, los mandos operativos —todos militares— fueron procesados, pero prácticamente liberados por exoneración del Poder Judicial federal. Se ha venido reforzando el desmesurado respaldo a los integrantes del Ejército.

Urge a esta administración —a siete años de la tragedia— obtener resultados convincentes sobre Ayotzinapa. Sólo se observa el trabajo de Alejandro Encinas por esclarecer los hechos y fincar responsabilidades desde la Secretaría de Gobernación.