Archivos para una democracia moderna (sin olvidos autoritarios)
En un gobierno democrático, los archivos son el soporte, el tronco del árbol de la gestión pública y también las raíces, sin las cuales se caería el árbol completo. De manera que la función democrática de los archivos es asentar conforme a las tecnologías de cada época los registros de cada decisión pública para poder explicar cada acto público
Sin archivos confiables no puede haber administración pública.
Por fin inició la vigencia de la Ley General de Archivos, un caro y muy largo anhelo. Los archivos son, en una democracia, el soporte, el tronco del árbol de la gestión pública y también las raíces, sin las cuales se caería el árbol completo.
Normalmente, cuando hablamos de los archivos, acontece una sensación de ser un tema para eruditos, historiadores, académicos o intelectuales. Así las inferencias, el tema de los archivos produce lejanía o hasta alergia a una preocupación aburrida de esas que tienen los expertos de disciplinas abstractas. Nada más absurdo. Un prejuicio que nos ha desorientado sobre el valor de la información pública y la privada.
Conjeturo que tras la guerra de independencia, en 1821, surgió una mentalidad rencorosa con el pasado colonial. La idea de un país nuevo y renovado tenía que enviar al cajón de los olvidos todo cuanto evocara a las instituciones virreinales, reguladas por archivos de funcionamiento permanente (los registros civiles y los de las autoridades para rendir cuentas a los superiores hasta llegar al virrey).
La independencia vino a sustituir lo anterior, pero, ¿qué orden para el registro progresivo de los trámites públicos podría haber en medio de las turbulencias y batallas entre centralistas y federalistas, liberales y conservadores?
Y ¿qué paz para hacer las cosas bien ante invasiones extranjeras y la República itinerante de Juárez? Aun así hubo muestras de respeto excepcionales: el expresidente Benito Juárez cargó en su carruaje el archivo general de la nación, lo sacó de Palacio Nacional y lo escondió en la Cueva del Tabaco, Coahuila. En 1867, lo recuperó.
La Reforma de 1856 y la Revolución de 1910 causaron la destrucción masiva de bibliotecas de corte eclesiástico y archivos monásticos de los préstamos de la iglesia a comerciantes y agricultores y los archivos parroquiales.
¿Por qué el régimen posrevolucionario del siglo XX no restauró la tradición de los archivos? La primera respuesta puede ser que no hubo ni al principio entre 1920-1928, y, ni menos entre 1929 a 1976 (que se ubicó el Archivo General de la Nación en su sede actual) la filosofía pública de seguir a “pie juntillas” la explicación de cada trámite, origen y destino de cada decisión pública con cargo al erario, tampoco aquellas que revelaran crímenes o ventajas por consigna política. Se impuso deliberadamente la conseja maquiavélica: el fin justifica los medios.
La función democrática de los archivos es justo ésa: asentar conforme a las tecnologías de cada época –en la actualidad hablamos de gestión documental digital– los registros de cada decisión pública (de la cuna a la tumba) para poder explicar cada acto público.
La consolidación democrática que podemos emprender ahora, la nueva composición parlamentaria y el giro de una visión desde la presidencia de la República en aras de la austeridad republicana, la transparencia y la anticorrupción deben fructificar en una mejor administración pública. Sin archivos veraces no habrá ni lo uno ni lo otro. Archivos para rendir cuentas: sólo puede haber democracia en contextos de certeza y hábitos públicos que produzcan certidumbre.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el Archivo General de la Nación trabajan en una perspectiva de alianza y cooperación.