“Los mejores trámites, los que no existen”. ¿Será?

A la memoria del historiador y cronista de Nuevo León, don Israel Cavazos Garza, en su primer aniversario.

Una de las certidumbres que produce la vigencia democrática moderna tiene que ver con el óptimo funcionamiento de las oficinas públicas, y especialmente en el esmero y agilidad con la que deben verificarse los contactos de ventanilla con el ciudadano que, en ejercicio de sus derechos, comprueba la eficacia del derecho a una buena administración pública. No basta con tener departamentos gubernamentales para cada tipo de servicios, es preciso que funcionen razonablemente para el fin creado y que sirvan a tales propósitos.

Los trámites en la jerga del debate sobre la mejor y la peor relación entre el ciudadano y el Estado contemporáneo son un vocablo asociado a la emproblemada marcha administrativa de los servicios públicos y francamente como una señal de lentitudes y dilaciones entre el inicio de la gestión requerida y la finalización de la misma en presumible beneficio para el ciudadano accionante.

Resulta inevitable incluir como causa del desprestigio de la función pública la que corresponde a los trámites gubernativos perjudiciales de los ciudadanos usuarios. El ciudadano asume la aventura de conseguir determinado servicio, experiencia que le habrá de quitar mucho tiempo y comprometer seriamente su ánimo para resistir las innumerables trabas que para alcanzar el objetivo lo dejarán exhausto, y además gastado o hasta endeudado por los costos económicos indirectos de la espera. Muchas veces los costos del trámite hacen que el interesado renuncie a emprenderlo y no pocas veces que decline a medio proceso.

Las “burocracias” son la versión peyorativa del funcionariado que debiendo cumplir con diligencia sus deberes dentro de cada nivel de la organización administrativa del Estado, no lo hace así, por los vicios de la falta de controles sobre el desempeño de las tareas de cada servidor público.

En ausencia de disciplina por omisiones deliberadas de los mandos superiores y los intermedios debido a privilegios por motivos no justificados y aunado a bajos salarios de los empleados públicos de diversos niveles del organigrama.

Las “burocracias” son una respuesta negativa en forma de distorsión al diseño de las reglas y los procedimientos, entonces se arraiga entre los “burócratas” una mentalidad proclive a “funcionar” bajo la lógica del menor esfuerzo. Los usuarios para agilizar los servicios acuden al soborno o sucumben a la extorsión de “gestores” que consiguen lo que debería ser normal como resultado excepcional por vías irregulares normalmente indebidas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE, 2017) llevada a cabo por el Inegi, los costos monetarios de cumplimiento de las regulaciones en 2016 se estimaron en 115.7 mil millones de pesos, que representan 0.56% del PIB nacional.

Durante 2016, se realizaron 76.5 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante autoridades municipales, estatales o federales, con un costo de $115.7 mil millones de pesos, equivalente a 0.56% del PIB nacional, que podrían ser destinados a otras opciones productivas, si se contara con trámites transparentes y adecuados.

La transparencia y la mejora regulatoria que deben garantizar el Inai y la Cofemer , respectivamente,  permiten a los ciudadanos no solamente contar con mejores trámites y servicios, sino a su vez, con mejores gobiernos, que sin excepción alguna deben rendir cuentas sobre su actuar.

Por eso creo que los trámites son inevitables, mejor dicho, insustituibles. Y los mejores trámites son los que se cumplen cabalmente y su duración es la justa conforme a las reglas legalmente establecidas.