Reconstrucción nacional. ¿Democracia damnificada?

Los indicadores de la confianza en la democracia emiten alarmas. En la evaluación de la pasada primavera del Centro de Investigaciones PEW, se ubica a México en los peores sitios por insatisfacción con la democracia.

La democracia puede ser la damnificada más representativa de los sismos de septiembre de 2017 y eso es lo que urge revertir, sería más grave y delicado que los grandes daños físicos, e inclusive irreparables, la pérdida de vidas humanas, que dejaron los temblores. La nueva construcción democrática, que justo este año ajusta 40 años de procesos ininterrumpidos de “transición democrática”, no debe experimentar retrocesos (precisamente, los sismos de 1985, aumentaron los consensos sociales en favor de renovar la forma de relación entre la ciudadanía y la autoridad pública).

Los violentos movimientos telúricos de septiembre de 2017 removieron las estructuras de monumentos históricos, edificaciones modernas y viviendas de toda índole. Y es muy probable que la destrucción de inmuebles evidencie huellas de corrupción por diagnósticos, dictámenes, licencias, permisos. Negligencia, permisiones indebidas, facilidades inadmisibles.   

El gobierno federal ha informado variados aspectos de la afectación de los terremotos. Que desplegó a más de 90 mil funcionarios públicos y declaró, al menos, 700 municipios o delegaciones en estado de  emergencia en Chiapas, Morelos, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guerrero, Tlaxcala y Veracruz.

Que se estima, los damnificados directos ascienden a unas 300 mil personas, y casi 200 mil viviendas sufrieron daños, de las cuales, una cuarta parte registra daños totales.

Que México ha recibido ayuda humanitaria y apoyo técnico de al menos 25 países y según las cifras más recientes de “Transparencia Presupuestaria” (SHCP), se aprobaron seis mil 844 millones 389 mil 946 pesos (más de 359 millones de dólares) en apoyos parciales inmediatos para la ejecución de acciones emergentes, trabajos y obras de carácter prioritario después del terremoto.

Sin embargo, las cifras, por más precisas y abundantes que sean, dicen poco si no existe la suficiente confianza social en la veracidad con la que el gobierno se desempeña. A eso se debe que algunos estudios ubican gran desconfianza ciudadana sobre la gestión del gobierno en la reconstrucción nacional, al momento de preguntar la disposición a donar para esos fines, la tendencia sin excepciones fue que lo haría por otros medios y vías que no fueran los oficiales  (tercera encuesta de opinión ciudadana 2017, GEA-ISA). 

El Inai emitió sugerencias a todos los poderes públicos para reforzar con transparencia la credibilidad de las labores de reconstrucción. Acordó con la Secretaría de la Función Pública impulsar mecanismos y dispositivos, el primero fue uno para que la gente denuncie cualquier forma de corrupción en las acciones de la reconstrucción.

Es urgente que en los portales institucionales de las dependencias públicas que participan en las tareas de la reconstrucción las reporten de manera permanente para favorecer el escrutinio público. Además de desconfianza, existe temor social en que no se destinen los fondos en lo anunciado.

La reconstrucción coincidirá con los meses largos de un agitado proceso electoral que correrá en paralelo y que exigirá más neutralidad y más transparencia de los gobiernos para despejar suspicacias y motivos adicionales de irritación ciudadana por supuestas acciones de manipulación política de la tragedia.

Los partidos políticos tendrán que transparentar sus acciones por deberes que les impone la legislación electoral y la de transparencia. Y el Inai estará monitoreando su proceder, y en caso de incumplimientos, trasladará al INE la queja para que los sancione, ello generará costos políticos adicionales por incurrir en deliberada opacidad. 

La reconstrucción debe restaurar la democracia nacional, defender la legalidad y la permanencia de las instituciones nos concierne a todos.