Inai invita a subir viajes y gastos en publicidad oficial

Acicate del gobierno
abierto, implica a
la clase política que
hace gobierno ser
transparente y, además
de ello, parecerlo en cada momento.
Los gobiernos de esta era, la era de
la democracia con reflejo digital,
deben hacer la tarea que toca a todo
gobierno, pero además esmerarse
en el intento. Todo cuenta y cuesta
más hacer las cosas mal.

Cada detalle hace que una causa se sostenga. Al­canzar el gobierno abierto es mucho más que contar con una administración escrutable, es decir, que ad­mita el reporte accesible a la ciudadanía en aras de “rendición de cuentas”.

Rendir cuentas significa colocar a la vista de cual­quiera (de todos en abstracto) las características de la gestión efectuada con el ánimo implícito de sujetarse a la evaluación.

Indiscutiblemente, en la ecuación del gobierno abierto se precisa un clima de participación ciuda­dana que vigile y califique el proceder gubernati­vo. Esa evaluación la pueden y deberían hacer los usuarios de los servicios públicos y/o los analistas o académicos que estudian precisamente los compor­tamientos de las instituciones públicas, su eficiencia y su eficacia.

Los indicadores de la gestión pública permi­ten modificar métodos y encontrar soluciones a los problemas que causan los desaciertos que rodean la administración de los bienes y servicios públi­cos. Encontrar fórmulas adecuadas de participación ciudadana es clave en la filosofía del gobierno abierto.

La modernización democrática introdujo meca­nismos de medición de la gestión pública que ine­vitablemente conllevan a la revisión crítica de la calidad de lo hecho y a señalar con implacable cer­teza las omisiones y demoras que muchas veces vie­nen a fastidiar la función pública.

No es cierto aquello de “más vale tarde que nun­ca”. En democracia, la eficiencia no basta, se precisa la eficacia de los gobiernos en tanto los servicios pú­blicos revelan cómo son garantizadas las libertades y los derechos humanos de la población.

Los abusos de poder y los excesos a cuenta del erario que se cometen en las democracias de baja intensidad han producido un preocupante males­tar ciudadano. Una irritación social que pude llegar a volverse un motivo de repudio generalizado a la política y a los políticos en el “lugar común” de que todo funcionario público o burócrata es un político y parte de esa nefanda actividad en que por desprecio se ha colocado a la política. Y esa apreciación de no encontrar remedio es punto de partida a la anarquía filoviolenta.

El Inai es una “institución termómetro” del con­tacto en diálogo de la ciudadanía con el Estado y sus agentes: las administraciones públicas, y en esa condición vigilante de algunos aspectos del enten­dimiento público. El papel de garantizar la apertura informativa de las instituciones implica que las bu­rocracias expliquen lo que han hecho y avisen lo que van a hacer, de modo que la gente tome decisiones o simplemente esté en la condición de poderlas tomar.

El gobierno de Quintana Roo, que encabeza Carlos Joaquín González, decidió adherirse a las herramientas tecnológicas: “Comisiones Abier­tas” (viajes claros) y “Gastos en publicidad oficial” que elaboró el Inai en colaboración con Fundar, en emotivo evento en el auditorio de la Universidad del Caribe, ante las Organizaciones de la Sociedad Civil; Lourdes Morales, de la Red por la Rendición de Cuentas, y Haydeé Pérez Garrido, de Fundar.

Un día antes, la Comisión Nacional de Hidro­carburos, que preside Juan Carlos Zepeda Molina, suscribió convenio con el Inai para subirse a la de “Comisiones Abiertas”.

Seguramente, otras muchas instituciones de la fe­deración y gobiernos estatales seguirán sus pasos. El movimiento se demuestra, andando.

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