Inai invita a subir viajes y gastos en publicidad oficial
Acicate del gobierno
abierto, implica a
la clase política que
hace gobierno ser
transparente y, además
de ello, parecerlo en cada momento.
Los gobiernos de esta era, la era de
la democracia con reflejo digital,
deben hacer la tarea que toca a todo
gobierno, pero además esmerarse
en el intento. Todo cuenta y cuesta
más hacer las cosas mal.
Cada detalle hace que una causa se sostenga. Alcanzar el gobierno abierto es mucho más que contar con una administración escrutable, es decir, que admita el reporte accesible a la ciudadanía en aras de “rendición de cuentas”.
Rendir cuentas significa colocar a la vista de cualquiera (de todos en abstracto) las características de la gestión efectuada con el ánimo implícito de sujetarse a la evaluación.
Indiscutiblemente, en la ecuación del gobierno abierto se precisa un clima de participación ciudadana que vigile y califique el proceder gubernativo. Esa evaluación la pueden y deberían hacer los usuarios de los servicios públicos y/o los analistas o académicos que estudian precisamente los comportamientos de las instituciones públicas, su eficiencia y su eficacia.
Los indicadores de la gestión pública permiten modificar métodos y encontrar soluciones a los problemas que causan los desaciertos que rodean la administración de los bienes y servicios públicos. Encontrar fórmulas adecuadas de participación ciudadana es clave en la filosofía del gobierno abierto.
La modernización democrática introdujo mecanismos de medición de la gestión pública que inevitablemente conllevan a la revisión crítica de la calidad de lo hecho y a señalar con implacable certeza las omisiones y demoras que muchas veces vienen a fastidiar la función pública.
No es cierto aquello de “más vale tarde que nunca”. En democracia, la eficiencia no basta, se precisa la eficacia de los gobiernos en tanto los servicios públicos revelan cómo son garantizadas las libertades y los derechos humanos de la población.
Los abusos de poder y los excesos a cuenta del erario que se cometen en las democracias de baja intensidad han producido un preocupante malestar ciudadano. Una irritación social que pude llegar a volverse un motivo de repudio generalizado a la política y a los políticos en el “lugar común” de que todo funcionario público o burócrata es un político y parte de esa nefanda actividad en que por desprecio se ha colocado a la política. Y esa apreciación de no encontrar remedio es punto de partida a la anarquía filoviolenta.
El Inai es una “institución termómetro” del contacto en diálogo de la ciudadanía con el Estado y sus agentes: las administraciones públicas, y en esa condición vigilante de algunos aspectos del entendimiento público. El papel de garantizar la apertura informativa de las instituciones implica que las burocracias expliquen lo que han hecho y avisen lo que van a hacer, de modo que la gente tome decisiones o simplemente esté en la condición de poderlas tomar.
El gobierno de Quintana Roo, que encabeza Carlos Joaquín González, decidió adherirse a las herramientas tecnológicas: “Comisiones Abiertas” (viajes claros) y “Gastos en publicidad oficial” que elaboró el Inai en colaboración con Fundar, en emotivo evento en el auditorio de la Universidad del Caribe, ante las Organizaciones de la Sociedad Civil; Lourdes Morales, de la Red por la Rendición de Cuentas, y Haydeé Pérez Garrido, de Fundar.
Un día antes, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que preside Juan Carlos Zepeda Molina, suscribió convenio con el Inai para subirse a la de “Comisiones Abiertas”.
Seguramente, otras muchas instituciones de la federación y gobiernos estatales seguirán sus pasos. El movimiento se demuestra, andando.
