Las instituciones —públicas y privadas— se miden por sus bibliotecas

Las bibliotecas por tales causas son pocas —proporcionalmente— y de muy pequeño acervo, cinco mil libros en promedio. Según el Inegi, a 2016, existen 13 mil 643 unidades de información del Sistema Nacional de Bibliotecas y el acervo de la Red Nacional de Bibliotecas no supera los 90 millones de volúmenes. En la era digital proliferan las aplicaciones para lectura —mediante préstamo o compra— de materiales electrónicos, y la socorrida búsqueda de datos específicos en los servidores de internet,  no obstante, “simplifican” el objetivo (sin mediar verdadera investigación, obligada para la formación del estudiante),  no compensan los malos reportes. 

Las democracias avanzadas tienen, entre muchos otros elementos en común, un invariable respeto y valor efectivo a los archivos históricos y las bibliotecas.

Las bibliotecas nacionales, regionales, las institucionales, las especializadas en diversos temas o materias (a las que se les denomina Centros de Documentación ) son verdaderos espacios de recreación y de consulta frecuente o, por lo menos, permanente. Las bibliotecas de países que se ufanan de ser modernos por la evolución virtuosa de sus estructuras políticas y sociales siempre son el relicario (sigo hablando de las bibliotecas) de la sedimentación cultural que confirma su vocación a los principios y valores superiores de la humanidad sintetizados en los libros. Los libros son el punto de partida de las civilizaciones.

Todavía se llora la imperdonable destrucción —por fuego provocado— de la Biblioteca de Alejandría en el siglo IV de nuestra era; en los avatares de la edad media, casi por devenir el renacimiento, la censura  y la sistemática eliminación  de libros prohibidos (el Index librorum prohibitorum) por consideraciones de fe de la Iglesia católica, decretada en el Concilio de Trento de 1564 y en México la destrucción de monumentos religiosos y de obras literarias y hasta profanas ubicadas en las formidables bibliotecas de los conventos y templos, cometida por el furor jacobino, interpretación extremosa, de las leyes de secularización de los bienes de la Iglesia. Meros ejemplos de dramáticos episodios en perjuicio de la sabiduría universal.

Paradójicamente, algunos destructores de bienes culturales vinieron cuando menos a revelar lo que destruyeron, un caso fue el fraile Diego de Landa, que tras los desmanes en el sur de México del siglo XVI, desde España, arrepentido escribió: La relación de las cosas de Yucatán.

Por tanto, en todas las naciones cultas se reconocen las pérdidas de referencias y testimonios de la cultura como de las peores tragedias experimentadas, después de las que en términos de vidas humanas hubieran causado guerras, invasiones y catástrofes. La destrucción selectiva o masiva de obras de arte en sus diversas modalidades, el expolio de monumentos arqueológicos o históricos incluyen a las desastrosas decisiones que han extinguido archivos y ediciones tempranas, algunas, recogidas en publicaciones.

El viernes pasado, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acudí a un panel coorganizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre bibliotecas jurídicas, coincidí con Marco Antonio Zavala, coordinador general de asesores, y Ricardo Montes, responsable de la biblioteca del Senado de la República, y nos ilustraron con otras advertencias.

En general, la producción editorial de México es muy limitada —proporcionalmente— para la demanda potencial que debería haber de usuarios de libros. Lo cierto es que el mercado avanza con ritmo certero, tenemos mil 198 librerías, de las cuales, hay 358 en la Ciudad de México. Las compras de ejemplares en línea se hacen en forma dominante, en plataformas extranjeras. En el Inai pretendemos hacer la biblioteca digital de la transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.