El Inai y la información sobre gasolina en México

Los registros de la función estatal (el cómo debe ser) y los que revelan la gestión de las instituciones y las dependencias gubernamentales (el cómo se efectúa) son indiscutiblemente información pública.

Todo es información. A partir de la información se identifica lo tangible: físico, biológico, anatómico, lo material y en paralelo lo intangible: imaginario, emocional, espiritual, lo ideal. La información pública es un bien jurídico, por tanto, ha de ser veraz y completa, pero además accesible para ser socialmente útil.

La reflexión de hoy nos acerca a exponer al Estado cautivo, a responder al ciudadano que le reclama información (toda la existente y disponible) del quehacer de sus dependencias (sujetos obligados). Cosa que con frecuencia no ocurre, la tendencia a responder con evasivas, denegando la información con pretextos inválidos persiste a pesar de los casi 14 años de la creación del IFAI ahora Inai.

En la era de la globalización aquejada por la desconfianza ciudadana en las instituciones públicas, la accesibilidad a la información pública (salvo las contadas excepciones) es un asunto de gran relevancia. 

El Estado es un contexto que abarca todo lo que se ubica permanente y/o temporal en los confines regulatorios que define la Constitución, la Norma Superior fija los contornos del edificio público. La autoridad pública es una noción dinámica, se manifiesta pujante en las instituciones emblemáticas y alcanza la dimensión de mero aparato en las estampas de las burocracias ordinarias  que se perciben estorbosas y hasta inútiles.

La autoridad  crece o decrece según la personalidad y el grado de respeto que producen los agentes públicos, lo mismo el Presidente que el policía.

En una democracia, la ley regula el movimiento de las instituciones y de la ciudadanía en tanto esa movilidad sea para asegurar el tan discutido y discutible “bien común” (que en estos tiempos es simplemente “lo común”, término que implica bienes y hasta males obligatorios en la ecuación de la “convivencia inevitable”). El curso de la actuación de las instituciones y sus funcionarios se hace o conforme al libreto o al margen, por la libre, y esas evidencias se filtran a la luz pública cuando existen controles sociales como el que reivindica el derecho de acceso a la información pública.

La semana anterior, el Inai se vio en la necesidad de instruir al Inegi de entregar toda la información que posee sobre la producción y el consumo de gasolina y diesel en México, volumen anual, empresas, etcétera.

De inmediato, la razonable duda del porqué dicha información no le fue solicitada a Pemex.

Y eso también creyó la unidad administrativa de transparencia del Inegi, que respondió al solicitante orientándolo a ir a Pemex.

Sin embargo, el Inegi, por ley debe dar seguimiento actualizado a la información sobre diversos rubros de la vida nacional y uno de ésos es el de la energía, cuya fuente sean los hidrocarburos y el manejo de los mismos, su extracción, exportación, transformación en combustibles, pero también la importación de los mismos y su consumo en territorio nacional.

Y ésa es la clave, la información pública lo es, porque, por encima de a qué institución le corresponda generar tal información, si otra la debe tener, como en el caso del Inegi, es igualmente responsable de entregarla a quien la solicite.

Las instituciones públicas deben responder con prontitud y con la mejor información solicitada, en ello también ganan o pierden la confianza de la sociedad. Al margen de las cifras y los datos y las lecturas favorables o desfavorables que revelen, se deben entregar sin cortapisas.