Inai, INM y el Programa “Fronteras seguras”
México es un país de riesgo fronterizo —de cruce constante y doloroso— normalmente, sólo sabemos de los horrores de la estancia clandestina de quienes intentan burlar la frontera norte. La mayor tragedia inicia en los contornos de la frontera sur. Pero en ambas, todo es factible menos la certeza de ir o regresar con seguridad.
Al margen de la preocupación por un significativo aumento de deportaciones masivas de connacionales indocumentados de Estados Unidos que presagia la era Trump, la suerte de la frontera norte ha sido lamentable durante la administración Obama.
En el contexto de una crisis humanitaria en 2014, el gobierno federal anunció la creación del Programa Frontera Sur el 24 de agosto, para lo cual se facilitó la obtención de la Tarjeta de Visitante Regional, diseñada para ciudadanos de Guatemala y Belice.
Una suerte de “salvoconducto” expedida gratuitamente por el gobierno mexicano, para facilitar el ingreso de guatemaltecos a México sin pasaporte y sin visa mexicana por un espacio de tres días cada vez, en 81 municipios mexicanos ubicados en los estados fronterizos de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, asegurando así la adecuada operación de los 12 cruces fronterizos oficiales, 10 con Guatemala y dos con Belice.
También prevé mejorar las condiciones en que operan los albergues y estaciones migratorias: así como una adecuada coordinación interinstitucional a través de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur de Segob, con el objetivo de “brindarle atención y ayuda humanitaria al migrante, y garantizar el estricto respeto a sus derechos humanos”.
La frontera sur de México tiene una longitud de 1,149 kilómetros y abarca los estados de Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. Éste último es el estado mexicano de mayor colindancia internacional, dado que, proporcionalmente, en su territorio se encuentra 68.4 por ciento de la frontera sur de nuestro país.
Hablamos de una zona de alta movilidad poblacional histórica, debido a las guerrillas centroamericanas y las crisis económicas constantes, se puede observar un flujo importante de personas por esta región desde los años ochenta. En las últimas décadas los registros oficiales acusan un marcado incremento de migrantes indocumentados en tránsito, detenidos y ubicados en estaciones migratorias y la situación de seguridad en la región sufre un marcado deterioro.
Hace unos días, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), resolvió dos recursos sobre el tema que nos ocupa. El primero sustanciado en la ponencia de mí colega el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, y, el otro, en la ponencia a mi cargo.
El Inai instruyó al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Secretaría de Gobernación (Segob), respectivamente, realizar una búsqueda exhaustiva de todos los documentos que contengan información acerca del Programa Frontera Sur Segura, o que fueron generados en el marco del referido programa, en todas las áreas competentes y la entreguen a los particulares que solicitaron dicha información en los términos en que obra en sus respectivos archivos.
A propósito de archivos, el pasado 16 de noviembre en la sede del Inai, inauguramos el 4º Seminario Internacional de Archivos cuyo lema fue: “Hacia una Ley General de Archivos, base del Sistema Nacional de Transparencia y del Sistema Nacional Anticorrupción”.
En representación del Senado de la República, Laura Rojas (compañera columnista de Excélsior) compartió la primicia, el siguiente día por acuerdo de los grupos parlamentarios se presentaba la iniciativa de la esperada Ley General de Archivos que vendrá a complementar las condiciones para el acceso a la información pública en México.
La Ley General de Archivos ha sido una empresa largamente acariciada, una causa que han impulsado entre otros senadores Alejandro Encinas, Cristina Díaz, Enrique Burgos, Héctor Larios y Zoe Robledo.