El Inai y la Semana Nacional de Transparencia
En la era digital “el derecho a saber” no sólo satisface el legítimo interés de miles o millones de personas que lo reclaman individualmente precisando datos públicos (que al ser públicos deben ser accesibles), la clave está en los efectos, en la cadena de repercusiones que produce en una democracia el ejercicio constante de los derechos por los cauces institucionales e indiscutiblemente pacíficos.
Los comportamientos democráticos se evidencian cuando lo individual trasciende a lo colectivo; cada reclamo informativo individual sacude por adentro a las instituciones públicas antes de responder la solicitud formulada, en los niveles directivos se debaten los “riesgos” de entregar la información, toda o incompleta, y de pretextar clasificaciones que no caben, en suma, de perdurar en la “cómoda” opacidad o de hacer los deberes gubernativos sin temor a los enjuiciamientos sociales.
Y cada reclamo informativo atendido o ignorado (si se convierte en recurso que insta al Inai a resolver que hubiera ocurrido) desencadena una nueva gama de controles sobre la gestión pública, el Derecho de Acceso a la Información —está comprobado— sirve para apurar la toma de mejores decisiones públicas, mientras se previenen algunas modalidades de la corrupción oficial.
Del 28 al 30 de septiembre, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), celebrará en su sede la Semana Nacional de Transparencia, edición 2016.
La fecha coincidirá con el Día Internacional del Derecho a Saber, que se conmemora desde 2002, en el que activistas de todo el mundo se reunieron en Bulgaria para definir estrategias en favor de la defensa y difusión de este “nuevo” derecho fundamental que, precisamente, sirve para que la sociedad ejercite otros derechos fundamentales.
A partir del derecho a saber se puede reforzar el ejercicio de otros derechos humanos, como la impartición de justicia, el conjunto de derechos en torno a salud y a una educación básica de calidad, y a la promesa de una vivienda digna, etcétera. Esta vez, bajo un formato inédito, sugerido por mi colega Joel Salas Suárez —comisionado coordinador—, el Inai intentará ofrecer con este evento una oportunidad para reflexionar en voz alta, claro está, asistidos por reconocidos científicos sociales extranjeros y nacionales expertos en ecuaciones con las que el Derecho de Acceso a la Información Pública (DAI) se revela útil para combatir la desigualdad (acaso uno de los peores lastres que nos aquejan como nación) y este experimento se basa en discurrir por cuatro rutas temáticas en las que la desigualdad social se refugia en la opacidad o en la confusa trama del lenguaje gubernamental.
La pobreza, el hambre, la salud y la educación son territorios en los que se desmonta la promesa del Estado como espacio común propicio para la convivencia democrática potencialmente equitativa.
El derecho a saber también debe servir para hacer inteligibles los diagnósticos, la estadísticas, las gráficas y las numeralias que parecen estar concebidas sólo para los expertos en esas disciplinas. El derecho a saber sobre lo público implica un esfuerzo de todos en hacer sencillo lo que siempre ha sido complejo e inalcanzable.
A lo largo de los años, la Semana Nacional de Transparencia ha abordado infinidad de temas relacionados con la materia. como lo podrían ser y me permito citar sólo algunos, la “Información y ciudadanía: alcances del ejercicio de un derecho”, “La transparencia en las Américas”, “Transparencia y su impacto en la gestión pública”, entre muchos otros, y este año “La información pública para combatir la desigualdad”.
Aprovecho la ocasión para recordar e invitar a todo el público a seguir de cerca la Semana Nacional de Transparencia, registrándose en el micrositio del evento https://snt.inai.org.mx/, disponible en el portal del Inai.