El derecho a la memoria y la verdad

El derecho a la memoria es algo irrenunciable, pero no es posible ejercitarlo si no hay condiciones para acceder a las narraciones de los episodios mejores y peores de la vida de cada pueblo y nación, sin embargo, yendo más lejos, no sólo a esas narraciones o versiones —presumiblemente razonables— de la historia, sino a escrutar pasajes y datos directamente, corroborar los registros, descubrir las huellas de los responsables de las decisiones principales y de las secundarias y, en esa búsqueda, también hallar pistas para confirmar sospechas o desvanecer prejuicios sobre lo que nos concierne a todos.

La memoria colectiva es una ficción si no se comunica con la aspiración a la verdad que la organiza y la sintetiza por periodos y épocas, por lugares y acontecimientos, por tanto, la única memoria comunitaria confiable será aquella que admita revisiones directas para, sobre ellas, generar conjeturas o análisis que expliquen sucesos y acontecimientos.

El derecho a la verdad es la constante oportunidad de confrontar versiones sobre lo que ocurrió y lo que acontece ahora mismo. La verdad pública depende de los testimonios documentados. Sin registros no existe posibilidad de alcanzar la verdad y, en consecuencia, menos puede edificarse la memoria para que sea accesible a los que la quieran conocer o reconocer. Por eso, los archivos son el edificio de las civilizaciones.

Los regímenes totalitarios y hasta los autoritarios manipulan la memoria pública porque la delimitan a la versión de la “verdad oficial”, esa explicación engañosa de las epopeyas y las grandes hazañas que inflaman el orgullo cívico de los habitantes a los que se les convierte en militantes.

En las democracias no se puede manipular la memoria pública, porque es tan pública que sus registros no los posee el gobierno, aunque sí los custodie; los registros son fuente de consulta pública y de libre interpretación.

Hace unos días, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Archivo General de la Nación (AGN) organizaron las Jornadas por la Transparencia y los Archivos cuyo lema fue Del derecho a la memoria al derecho a la verdad.

El programa del seminario versó en articular la ecuación de los haberes donde radica la memoria (archivos públicos y privados) y en los deberes de accesibilidad de esas fuentes de la verdad y en los deberes sociales de ir a comprobar.

No toda la información que nos atañe está en el Archivo General de la Nación, sólo aquella trascendente por ser la de valor histórico y esos fondos son consultables, el problema más grande lo tenemos en los archivos de lo inmediato, lo que no se ha valorado y que incluye información variada, importante y desechable.

El propósito del seminario fue incidir en los trabajos legislativos que, aunque de modo discreto, ha llevado a cabo el Congreso de la Unión sobre la Ley General de Archivos, que ordena la Constitución que debe haber y que urge, como tantas otras cosas, pero no menos.

Tener memoria colectiva no es tan sólo un privilegio, sino también una responsabilidad en tanto que la civilización reclama que las sociedades que la conforman procuren la trascendencia y los pasajes trágicos que ensombrecen la convivencia humana hayan de ser conocidos para evitar su repetición.

Fueron motivo de discusión las supuestas restricciones a la Galería número 1 del Archivo General de la Nación (AGN).

Y a la vez, la suerte que tendrán los registros de acontecimientos trágicos como Aguas Blancas, Acteal, Apatzingán, Tlatlaya y Tanhuato. Repito: si se documenta todo en la medida de lo posible podrían evitarse atrocidades o, por lo menos, entenderlas para repudiarlas.