El Inai, la SEP y los resultados de evaluación de profesores
La Reforma Educativa se encuentra a mitad de camino. Las ambiciosas disposiciones de la reforma constitucional implican transformaciones que no se agotan en un decreto o leyes, se precisa mucho más. Por ejemplo, que esa nueva era se haga visible en beneficio de la instrucción de calidad de todos los educandos, en primer lugar, la infancia en obligatoria edad de formación escolar, la juventud que cursa la secundaria y el bachillerato y, también, los adultos que no han conseguido superar el analfabetismo, en esa dimensión los profesores y los directivos de los miles de planteles educativos públicos y privados.
Por sus proporciones y peculiaridades, en los centros de enseñanza pública gravitan los peores lastres.
El aprendizaje y la especialización nos conciernen a todos, a los padres de familia de los estudiantes y al resto de la población, en tanto se trata de un asunto de la mayor relevancia para el presente y para el porvenir. De ese conglomerado social destacan, por su función, los profesores o preceptores y los demás agentes de la enseñanza pública (personal directivo y operativo).
El urgente reto es revertir los efectos perniciosos de la involución educativa que azota México desde hace décadas: planteles insuficientes degradaron en planteles deficientes, profesores ausentes, inconscientes y/o ineficientes han de generar y, eso es inevitable, alumnos y luego egresados científicamente insolventes.
El rezago educativo es uno de los principales desafíos que México enfrenta, el promedio de educación es de 8.6 años, cuando el mínimo que se esperaría sería de 12 años, entendiendo con esto que todos cursen por lo menos la educación primaria, media y media superior.
Según el reporte Educación para todos en el mundo 2015, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, México ocupa el lugar 49 en rezago educativo en el orbe, por debajo de naciones como Cuba, Uruguay y Estados Unidos.
En días pasados, el Inai, por unanimidad de los siete comisionados, ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) dar a conocer los resultados obtenidos por los docentes de educación básica y media superior y por el personal con funciones de dirección de educación básica en la Evaluación del Desempeño Docente 2015-2016.
La dependencia debería precisar el nombre del docente, RFC, CURP, clave de la plaza, nivel y modalidad educativa y centro de trabajo de adscripción con clave en turno, así como el puntaje que obtuvo en cada uno de los cinco instrumentos de evaluación, el resultado global, el grupo de desempeño (suficiente, bueno o destacado) y la fecha en que presentó cada instrumento.
Si bien nuestros datos personales —en este caso, el nombre— son protegidos en términos de la legislación actual, lo cierto es que tratándose de servidores públicos este derecho se ve un tanto limitado, y en el caso de los docentes no es la excepción, pues si bien la evaluación es un deber, en este caso, implícito a la función aceptada.
Conocer los resultados obtenidos por cada docente y directivo beneficia a todos, incluso a los propios evaluados, porque les brinda oportunidades para actualizar sus conocimientos y reforzar su capacidad de enseñanza.
Reservar los resultados sería —tan inútil— como no haber realizado la evaluación, continuaría el desconocimiento de lo urgente y lo importante, de lo principal y lo accesorio.
Las batallas por una enseñanza de calidad no deberían parecer un conflicto de “tirios y troyanos” (gobiernos contra sindicatos y viceversa). Educandos instruidos por profesores ilustrados y en planteles decorosos desemboca en estudiantes excelentes, y eso —para algunos— puede que no sea mucho o que sea poco pero, como dijera un clásico, en un contexto realista eso sería bastante.
Twitter: @f_javier_acuna