Transparencia y anticorrupción, ¿cómo lo arreglamos?
El periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión concluirá en breve y la percepción de la sociedad ubica los temas de transparencia y anticorrupción como el motivo principal de la concentración legislativa de estos meses. En cierta forma así ha sido, después de un largo y virtuoso proceso, la semana cerró con una nueva Ley Federal de Transparencia (LFT).
Con la nueva LFT la Federación cumplió con la exigencia de armonizar la ley de la materia con las exigencias de avanzada que establece la Ley General de Transparencia (LGT) que fijó como plazo el próximo 5 de mayo. En cambio, a menos de dos semanas sólo nueve congresos locales han hecho lo propio, sabemos que, por lo menos, en más de diez entidades federativas habrá, también, ley local alineada a la LGT (unas 20 de 33).
La Constitución ordena la creación de instrumentos normativos de vanguardia para culminar el sistema nacional de transparencia y acceso a la información pública y la conexión funcional de aquel con un Sistema Nacional de Anticorrupción.
En el contexto de esos apremios del Poder Legislativo federal, ante una sociedad civil organizada que ha dado una pertinaz batalla para conseguir que se legisle para poner diques a la corrupción, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) organizó el foro La Información en el Combate a la Corrupción. ¿Cómo nos arreglamos? evento coordinado por mi colega Joel Salas, excelentes mesas temáticas, un prestigiado elenco de panelistas y moderadores que articularon palabras e ideas para esbozar los lastres visibles y los invisibles de la corrupción en México.
En animado debate se vislumbró el fenómeno de la corrupción y sus más evidentes manifestaciones. Y como suele ocurrir en estos ejercicios, se presentaron gráficas y resultados de encuestas y mediciones, algunas alarmantes sobre la ubicación de México en la tabla de los países más corruptos.
Ahí se reconoció y fue unánime que la corrupción no es una cuestión cultural, o sea irremediable, por radicar en el ADN de los mexicanos, lejos de ello, la corrupción entre muchos otros factores aflora, expande y arraiga y es un freno a la potencia de la sociedad, un impuesto al desarrollo humano y por tanto una hipoteca gravosa a la democracia, sus costos pesan como una densa losa sobre la conciencia nacional que ofuscada pudiera convencerse de ser la corrupción un maleficio insuperable.
Tampoco es cierto que la transparencia conduzca en automático a la anticorrupción. La transparencia no es destino en sí mismo, debe tener una justificación socialmente útil y en esa dimensión es que se debe concluir la hazaña legislativa que implica el bloque de leyes o instrumentos normativos en que se sustenta el SNA.
Sin embargo, la agenda legislativa en el Senado se ha trabado por las diferencias que entraña el #3de3.
Lo que confronta visiones parlamentarias son algunas de las condiciones jurídicas que implicarán la obligatoriedad del #3de3 y su extensión al funcionariado público y a otros agentes estatales (habilitados por autorizaciones y concesiones públicas).
Después de escuchar posiciones de los coordinadores parlamentarios de las bancadas ninguno se opone radicalmente al #3de3 y los candidatos a gubernaturas (de “todos los colores”) para los comicios del próximo 5 de junio han adoptado voluntariamente el #3de3 y muchos políticos en ejercicio de mandato (también, militantes de todos los signos y emblemas).
Curiosamente, #3de3 no es el nombre de esa ley de responsabilidades públicas que será aprobada en el paquete de las siete normas y vías complementarias para combatir la corrupción. Ojalá, como dice el título de esta reflexión exista la elasticidad política senatorial para que venga el ¿cómo lo arreglamos? Y que eso sea de modo adecuado y si es pronto mejor.