El derecho a la verdad, ¿socialmente útil?
La memoria pública impide olvidar aquellos acontecimientos trágicos que flagelaron a personas concretas (víctimas ciertas y conocidas), pero no solamente por solidaridad a sus familiares, pues esos crímenes y vejaciones nos alcanzan a todos; enlutaron a la humanidad entera y pusieron en quiebra los ideales y los valores de convivencia armónica, que han sido edificados para tutelar los derechos fundamentales de la sociedad contemporánea.
A pesar de tener conciencia universal de esas atrocidades, la terca realidad nos avisa a diario que no cesan las más crueles formas de segregación y tortura de civiles por parte de las autoridades policiacas o castrenses de gobiernos represores y, lo peor, también por oficiales o agentes de gobiernos supuestamente democráticos.
Hace unos días, mi colega Areli Cano Guadiana publicó el artículo Derecho a la verdad y acceso a la información pública (La Silla Rota, 24 de marzo). Se trata de un atinado texto difundido el Día Internacional del Derecho a la Verdad, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dedica para promover la memoria de las víctimas de la violencia política generadora de graves violaciones a los derechos humanos a lo largo de la historia y, especialmente, a partir de la segunda mitad del siglo pasado.
El día 24 de marzo nos recuerda el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, en 1980. Su muerte apagó su lucha por denunciar las violaciones a los derechos humanos en el contexto de su país, atribulado por las disputas entre las juntas militares y los grupos paramilitares.
Entre enero y marzo de aquel año 1980 existen registros de, por lo menos, un millar de salvadoreños asesinados, población civil no perteneciente a los bandos enfrentados; la víspera de su homicidio, monseñor Romero había pronunciado un enérgico reclamo a los militares para frenar y hacer frenar las matanzas y la represión de civiles.
La trascendencia de la celebración del Derecho a la Verdad que cada 24 de marzo se vuelve necesaria, se suma a la oportunidad de reflexionar en torno a la urgencia de recuperar la memoria pública.
De un lado, la celebración sirve para patentizar que vivir en civilización implica repudiar la violencia en todas sus modalidades y en el deber de prevenir su repetición a través de ejercicios ciudadanos inspirados en la democracia.
De otro lado, está el deber de reconocer el derecho a la verdad como una ecuación que se logra sólo si se preserva la información que hace posible la memoria colectiva (los archivos de la gestión pública, que incluyen los hechos sociales cualesquiera que sea su signo o efecto).
El derecho a la verdad sólo puede ocurrir en un esquema en el que la memoria pública se componga de registros completos y que dichos acervos sean accesibles a quienes quieran conocerlos, pero yendo más lejos que esos fondos sean difundidos como parte de la historia socialmente útil.
Un ejemplo del beneficio práctico del derecho a la verdad puede verse en la reinterpretación y reivindicación formal —apenas evidente— de la obra del mismo Óscar Romero, quien injustamente fue un marginado de los suyos por parecer un precursor del comunismo rencoroso desde la fe, mientras, paradójicamente, era reconocido como un mártir por otras comunidades religiosas y organizaciones defensoras de la dignidad humana más allá de las creencias y las convicciones espirituales.
Creíamos que nunca más habría una matanza como la de Tlatelolco y las de la “guerra sucia”, pero los incidentes similares o parecidos siguen, entre otros, Aguas Blancas, Acteal, Atenco, San Fernando, Ayotzinapa, Tlatlaya y Tanhuato.
Las sociedades más avanzadas dan a los archivos públicos un valor superior porque son el epicentro de la memoria y de la verdad.