El INAI, Tanhuato, Apatzingán

Los lamentables hechos del 5 y 6 de enero en Apatzingán y en Tanhuato el 22 de mayo de 2015 desvanecen, ante propios y extraños, las referencias democráticas que tanto ha costado construir.

Si el derecho a la información garantiza a la sociedad democrática el conocimiento en directo de la realidad —la noticia instantánea cruda y dura de lo que acontece—, el derecho de acceso a la información ha de servir para que la ciudadanía consiga las certezas que le permitan el derecho a la verdad.

En Tanhuato, un enfrentamiento entre fuerzas federales y un grupo armado dejó un saldo de 42 “presuntos delincuentes” fallecidos, así como un elemento de la Policía Federal, en suma, 43 decesos, número fatídico de la actualidad.

El referido enfrentamiento se dio en “el marco de la Operación Jalisco”, con la participación de elementos de la Policía Federal, el Ejército e integrantes de la Procuraduría General de la República (PGR), cuyo principal objetivo —se ha dicho— fue dar un golpe de mando a presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por lo que hace a lo acontecido en Apatzingán, la historia no es muy distinta, coincide la participación de la Policía Federal (PF) con uso de la fuerza para desalojar a manifestantes que tomaron el Palacio Municipal de la localidad. Resultado: varios muertos y un gran número de detenidos.

Según versiones recogidas de los medios de comunicación, los hechos se dieron cuando la Policía Federal (PF), a bordo de decenas de vehículos, irrumpió en el centro de Apatzingán y abrió fuego contra miembros y simpatizantes de la Fuerza Rural, los cuales se encontraban asentados en un “plantón” en los portales del Palacio Municipal de esa localidad. Las cifras que se manejan con relación en este enfrentamiento indican que 16 personas perdieron la vida.

Ante tales situaciones se hace necesaria la actuación de las instituciones con el fin de salvaguardar la verdad y anteponer a ella la defensa de los derechos humanos, con el precedente de Ayotzinapa y Tlatlaya de 2014, era inevitable relacionar los acontecimientos de Michoacán como aquellos en los que se configuran violaciones graves de derechos humanos.

Tras ocho meses de lo acontecido en Apatzingán, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación Número “3VG /2015” con fecha del 24 de noviembre de 2015, donde acreditó el “uso excesivo” de la fuerza, que derivó en la muerte de varias personas, así como la ejecución extrajudicial de una más por parte de elementos de la Policía Federal.

En consecuencia, el gobierno de Michoacán informó que acepta las recomendaciones para “colaborar en el fortalecimiento de la seguridad en la entidad y fortalecer el trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatal y municipal”.

Por lo que hace a Tanhuato, la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que “recabará las evidencias del caso, solicitará información a autoridades y dará puntual seguimiento”, por su parte, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dispuso del envío de visitadores adjuntos al estado de Michoacán con el fin de conocer los pormenores del enfrentamiento entre fuerzas federales y presuntos delincuentes”.

El INAI tuvo la oportunidad institucional de contribuir a la certidumbre democrática al resolver diversos recursos enderezados en contra de respuestas evasivas de la Policía Federal respecto de Tanhuato y Apatzingán, el INAI, en votación dividida de 4/3, obligó la apertura de la información de las partes policiales emitidas durante los días de los incidentes y, con ello, se favorece la percepción de prevalencia del principio de legalidad sobre el de oportunidad.