Partidos políticos. Su memoria nos pertenece a todos
Los partidos políticos son un bien colectivo en cualquier democracia funcional y en una democracia emergente con rasgos y comportamientos modernos como la mexicana desde 1977, de manera gradual, los partidos políticos son entidades de interés general no solamente por decreto o definición legal, ni por subsistir a cargo del erario, sino porque a su modo y ritmo, son —o debieran ser— factores de la estabilidad política, instrumentos de pacificación por vía cívica.
El Senado de la República aprobó una nueva Ley Federal de Transparencia, la Cámara de Diputados tendrá que culminar esa urgente hazaña parlamentaria.
Los archivos en que deben obrar los registros de las experiencias de esas corporaciones, incluida la celosamente defendida “vida interna” de las mismas, es de interés público y no un acervo inherente solamente a sus militantes o simpatizantes, tampoco a sus exintegrantes, los fondos que revelan episodios intrapartidarios le pertenecen a la nación y ni al mismísimo partido, pues deben conservarse, y más allá de su eventual extinción como fuerza política (al perder su registro).
Nuestra evolución democrática se ha cifrado en la competencia electoral, el primer objetivo fue la formación de un “sistema de partidos políticos”, un verdadero estamento de formaciones políticas que, paulatinamente, eliminaría la hegemonía del partido del régimen en aras de un pluralismo eficiente.
Luego brotaron las instituciones electorales autónomas y permanentes investidas de atribuciones y amplias potestades para garantizar la legalidad de los comicios y para regular la sistemática operación de los sujetos electorales dentro y fuera de las elecciones.
En la originalísima realidad mexicana los ciclos electorales son difusos, es decir, son directos e indirectos, según el calendario, prácticamente, todos los años acontecen eventos comiciales locales en bloques y cada tres años concurrentes con los de carácter federal.
Salvo excepciones simbólicas, los partidos políticos mexicanos son emblemas de corte nacional, por lo que los efectos del quehacer o la omisión de sus dirigencias generales y de las regionales se funden y se confunden; se compensan con el derecho a los tiempos oficiales en radio y televisión para difundir sus plataformas, principios, metas y también para promover liderazgos.
En complemento, los partidos políticos en México son asistidos de manera continuada, la fuente de sus prerrogativas simultánea para lo federal y lo estatal, por lo que su justificación trasciende a la contienda electoral.
La transparencia electoral se volvió un remedio a las sospechas de fraude, la legislación electoral fue incorporando obligaciones de transparencia y sanciones para los partidos políticos en caso de su incumplimiento.
El próximo 6 de mayo con la plena vigencia de la ley general de Transparencia comenzará la directa sujeción de los sujetos electorales al INAI que reemplazará al Instituto Nacional Electoral en esa tarea, aunque ahora esa relación será mucho más amplia en esa materia.
El INAI resolverá los recursos que la ciudadanía interponga cuando los partidos políticos nieguen información alegando estar reservada o cuando respondan de manera incompleta, además supervisará cómo exhiben su información básica en sus portales en la red, la que deberá ser abundante.
A efecto de generar un acercamiento táctico con los partidos políticos, el INAI ha visitado las sedes nacionales de aquellos en ejercicios de capacitación muy concurridos.
Y en el marco del Tercer Seminario Internacional de Gestión Documental (archivos) y Transparencia de la semana pasada, brindó espacio a una exposición de signos, registros y documentos visuales de la identidad de los actores de la contienda política de 1876-2012, que estará abierta hasta mediados de enero del 2016. El objetivo de esa muestra es la sugerente y respetuosa invitación a los partidos políticos para rescatar su memoria documentada en la formación de sus archivos que, como hemos dicho, nos conciernen a todos, hasta a los que se asuman apartidistas.