Oportunidades del debate provocado por “ley Fayad”

Conocida como “ley Fayad” por el apellido de su promotor, fue severamente rechazada por las organizaciones de la sociedad civil, especialmente, los defensores de los derechos humanos, por el gremio periodístico y por reconocidos expertos del derecho de la información.

El espacio digital o la dimensión virtual es aquél en que circulan numerosas proyecciones de nuestra personalidad, hábitos de aficiones, revelaciones sentimentales y, también, operaciones económicas, tanto de personas ciertas y conocidas como de otras cuya identidad es encubierta o aparente. El internet es un mundo misterioso en el que coinciden la afirmación voluntaria y visible de los usuarios y el cómodo anonimato de otros, en ese medio se puede —y ocurre a menudo— obrar delictivamente, sin consecuencias para los que lo hacen.

En esa dirección, el propósito era regular algunas acciones en internet que por sus efectos causen daños a la privacidad y al patrimonio de las personas físicas, a las personas morales (empresas) y al Estado, sus instituciones de seguridad pública y de seguridad nacional.

La enardecida reacción que se expandió por las redes sociales fue criticada y aludida como una ley mordaza, como una regresión al más vivo autoritarismo, como una torpe intención de inhibir libertades y como un pretexto para echar a andar en el gobierno a un verdugo de la gestión digital de la sociedad.

Al margen de la mejor intención de sus autores, la poco afortunada redacción fue calificada como un potencial riesgo del uso libre de las tecnologías de la información y por evidenciar un ánimo oficial excesivo consistente en la habilitación de intervenciones de la policía federal en demérito de la libertad de expresión principalmente.

El proyecto de ley resultó contradictorio a la Convención de Budapest sobre Delitos Informáticos o Convenio sobre Ciberdelincuencia a la que México se adhirió el año pasado para guiar la regulación de los delitos que se cometen en la red por grupos cuyo objeto sea el terrorismo, espionaje, pornografía infantil, extorsión, fraude, acoso, intimidación, difamación, calumnia, acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, suplantación o usurpación de identidad, entre otros.

Se requiere de un equilibrio para que con la persecución de delitos cibernéticos no se afecten derechos fundamentales como la libertad de expresión y la protección de datos personales entre otros rasgos de toda democracia.

La tendencia internacional es tipificar ciertos delitos cibernéticos en los códigos penales nacionales, pero sin criminalizar a todos los usuarios; por el contrario, será necesario exigir y regular a las empresas, proveedores de servicios, aplicaciones y desarrolladores de software y tecnología, mejores sistemas de seguridad, encriptación de datos y políticas de privacidad y protección de datos personales.

Regresando a nuestro país, después de la tormenta, se ha comprendido que urge una amplia discusión para generar un proyecto enriquecido por las organizaciones de la sociedad y los expertos en la materia, se decidió elaborar una nueva propuesta donde se abordarán las opiniones de la sociedad civil, autoridades, víctimas y empresas, respectivamente.

En ese debate que debería convocar el Senado, será imprescindible que, además, de las voces autorizadas de expertos y activistas y las universidades, participen las instituciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), entre otras.

En una democracia las propuestas legislativas deficientes se pueden corregir, transformarse en buenas leyes para una aplicación benéfica y eso es lo trascendente.