El INAI, Pemex y el robo de combustibles

En nuestro país el robo de combustibles, coloquialmente conocido como la “ordeña” de ductos, es uno de los mayores problemas que enfrenta Petróleos Mexicanos (Pemex).

Lamentablemente, la extracción clandestina de hidrocarburos se expande a pesar de haber mecanismos y dispositivos tecnológicos modernos, el aumento en los robos de combustible coincide con los efectos de una inseguridad pública galopante, vinculada con el crimen organizado y, paradójicamente, con el desplome internacional de los precios del crudo, la principal fuente de ingresos de nuestra economía petrolizada.

Indiscutiblemente, esta clase de ilícitos requieren de una organización criminal compleja y robusta, no se descarta que parte del combustible hurtado sea para el procesamiento de insumos para la elaboración de drogas sintéticas.

Al margen de lo anterior, la gasolina y diesel robados mantienen en movimiento a los integrantes de los cárteles, sus cargamentos y sus armas; el ilícito de combustibles se une a la cadena de otros actos indebidos que fluyen con mayor “libertad” en un mercado informal tan grande como el que prevalece en nuestro país.

El fenómeno no es doméstico, en Rusia, uno de los productores de petróleo más grandes del mundo con una producción promedio de diez millones de barriles por día —es decir cerca de 12% del total de la producción mundial—, se estima que posee una infraestructura vulnerable por las conexiones ilegales a lo largo y ancho de la red de más de un millón de millas de oleoductos.

Regresando a México, el director general de Petróleos Mexicanos señaló, que de enero a agosto de 2014, el volumen de combustible sustraído de tomas clandestinas ascendió a cerca de 7.5 millones de barriles, haciendo la equivalencia, representaría alrededor de 15 mil 300 millones de pesos.

Los combustibles obtenidos de manera ilícita son sometidos a procesos químicos diferentes a los originales, mismos que generan un enorme daño al medio ambiente, aunado al desabasto y los peligros que se pueden ocasionar a la ciudadanía con los métodos que se utilizan para el robo de los mismos y la volatilidad de estos productos. Las extracciones clandestinas con frecuencia provocan accidentes.

Recientemente, un particular requirió a Petróleos Mexicanos (Pemex) conocer cuánta gasolina o petróleo se ha robado en las distintas entidades federativas de 2012 a 2015. O sea, a lo largo de los últimos tres años.

En respuesta, Petróleos Mexicanos informó la cantidad de combustible que aseguró, derivado de las acciones para frenar este delito.

La información incompleta de Petróleos Mexicanos (Pemex) propició que el solicitante acudiera al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y mediante recurso, el particular requería la información de la cantidad robada no así la recuperada o asegurada, interpretación por demás engañosa de la paraestatal.

Por ello, el pleno del INAI revocó la respuesta que Petróleos Mexicanos proporcionó y lo obligó a realizar una búsqueda exhaustiva de todos los documentos que den cuenta de la cantidad de gasolina o petróleo que ha sido robada en las distintas entidades federativas, dentro del periodo solicitado, pues a todas luces es información con la que debe contar en sus archivos.

¿Y para qué quiere ese particular conocer esa información? A la luz de la Constitución y de la Ley de Transparencia, eso sólo le puede incumbir a dicho solicitante porque, precisamente, el derecho a saber, el cual se conmemora el 28 de septiembre, no debe ser interrumpido por cuestionamientos de ninguna clase. El derecho a saber —referente a la información pública— es ilimitado y no puede ser inhibido por ninguna vía y menos por la de las instituciones públicas, que deben responder las solicitudes, y las que, como el INAI, deben garantizarlo.