El Inai, defensor del “periodismo desplazado”
El terrible homicidio con violencia extrema del fotoperiodista Rubén Espinosa y cuatro mujeres en la colonia Narvarte de la Ciudad de México ha propiciado una legítima ola de indignación y una reacción de los gobiernos de Veracruz y del Distrito Federal, ya que el reportero con lente era veracruzano y los lamentables crímenes ocurrieron en la capital del país.
Se consideraba a Rubén Espinosa como uno de los exponentes del “periodismo desplazado”, reporteros “de a pie” intrépidos que después de haber sorteado bajo presión y amenaza por sus notas se ven orillados a abandonar su plaza de operación para radicar en otra ciudad.
Una vez más tenemos frente nosotros el penoso deber de exigir de las autoridades respuestas y remedios urgentes.
El Estado debe reforzar la seguridad a periodistas que por la fuente que cubren o por el lugar en que trabajan se ubican en mayor riesgo. Se habla de “periodistas desplazados” de sus lugares de origen, en especial de Veracruz.
El pleno del Inai resolvió —recientemente— un recurso ante la negativa de la Secretaría de Gobernación para entregar información estadística relacionada con periodistas victimados.
La solicitud fue de diversos datos sobre agresiones a periodistas y defensores del medio ambiente de 2012 a la fecha, y que fue atendida por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (programa de la citada dependencia pública). Esta información se requirió desglosada por año, tipo de proyecto sobre el cual las víctimas de agresiones trabajaba, tipo y número de personas agredidas (indígena, campesino, grupo, comunidad, etc.), sexo de la persona agredida, tipo y número de agresión, tipo y número de agresor, estado y municipio donde sucedieron las agresiones; es decir, requirió estrictamente información estadística.
En respuesta la Segob entregó sólo una parte de la información, alegando que de entregarla completa se podría poner en peligro la vida de las personas involucradas.
En esa lógica, pretendía evitar que, al relacionar el tipo de persona agredida, el tipo de agresor y el estado o municipio donde ocurrió la agresión, podría poner en peligro la vida de las personas al hacerlas identificables.
Este tipo de datos nunca puede ser negado, por su naturaleza, no da cuenta de la identidad de los agredidos o de los beneficiarios de protección.
Lo anterior, debido a que el reclamo informativo consiste en conocer el tipo de agresor (desconocido, policía, crimen organizado, delincuencia común, etc), nunca una identificación concreta con nombres y apellidos.
México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas y los defensores de derechos humanos, al grado que, el 15 de febrero de 2006, el gobierno creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, con adscripción a la PGR, con el objeto de investigar los delitos cometidos contra periodistas nacionales o extranjeros dentro del territorio nacional.
En una democracia es inconcebible que el periodista de cualquier fuente o materia por más delicada que ésta sea pueda ser considerado como “suicida”, porque en una democracia a nadie se le puede aniquilar por el efecto que produzca su libertad de expresión y menos cuando se ejerce en aras del bien superior de hacer posible el derecho a la información.
En 2014 México ocupó el lugar 152 de 182, en que el número uno lo ocupa el país con mayor libertad de expresión.
El Estado de derecho ha de garantizar que puedan realizar su imprescindible misión. En una democracia no caben las condiciones que hacen a los periodistas ser penosamente “desplazados”; lo que debemos “desplazar” y luego erradicar es la hostilidad al periodismo.
Twitter: @f_javier_acuna