Nicaragua

La policía nicaragüense argumenta que los arrestos se han realizado amparados en la ley aprobada por la Asamblea Nacional, el pasado diciembre, que otorga al gobierno del presidente Daniel Ortega el poder para declarar de manera unilateral a cualquier ciudadano como terrorista o traidor a la patria y prohibir así su postulación a cargos de elección popular.

Este no es un tema nuevo. Desde 2016, la OEA ha realizado múltiples esfuerzos para recuperar el Estado de derecho democrático y garantizar el respeto a los derechos humanos en Nicaragua. En ese año se inició un plan de trabajo para avanzar en el fortalecimiento de las instituciones nicaragüenses y conseguir un acuerdo que le permitió a la OEA observar las elecciones municipales en 2017. El informe presentado por la Misión de Observación Electoral constituyó la base para la propuesta de reforma electoral que busca garantizar la realización de elecciones libres, justas y transparentes.

En el marco de la brutal represión a las protestas sociales iniciadas en abril de 2018, la OEA estuvo presente en Nicaragua a través de un enviado especial del secretario general, quien jugó un papel fundamental en los diálogos que buscaban la liberación de más de 300 presos políticos. Así mismo, la CIDH visitó el país y se determinó la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).

La OEA ha buscado mantener un rol facilitador y articulador con el propósito de sostener un diálogo constructivo y rescatar la institucionalidad democrática en el país. Sin embargo, el Gobierno de Nicaragua ha continuado en una ruta de desapego profundo a la Carta Democrática Interamericana.

El pasado martes 15 de junio, con 26 votos a favor, cinco abstenciones y tres votos en contra, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una relevante resolución en la que expresa su preocupación por la ausencia de reformas electorales que permitan la celebración de elecciones libres, condenando: “el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes”.

La resolución CP/RES 1175 (2324/21) insta al gobierno nicaragüense a implementar las medidas necesarias para la realización de comicios el próximo mes de noviembre, de acuerdo con las normas internacionales aplicables y con base en principios y valores democráticos.

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Primero, es crucial que se produzca la liberación de todas las personas que han sido detenidas de manera arbitraria e ilegítima; y, en segundo lugar, que se tomen las medidas necesarias para la celebración de comicios limpios con observación electoral internacional.

Como lo ha reiterado Luis Almagro, es absolutamente necesario y urgente el cese de las violaciones a los derechos humanos, el fin del hostigamiento y el pleno restablecimiento de las libertades civiles y políticas para todas y todos los ciudadanos nicaragüenses.

Como lo dice con claridad, Sergio Ramírez, prestigiado escritor nicaragüense y Premio Cervantes 2017: “la mano torpe de la injusticia dictatorial en Nicaragua está persiguiendo y tomando como rehenes a gente justa, mujeres y hombres dignos de todas las condiciones sociales y aterrorizando sus hogares”. No podemos mirar hacia otro lado. Es el momento de la solidaridad internacional.