La caída de Maduro
Un panel de expertos independientes de la OEA acusó en 2025 al gobierno de Caracas de atacar sistemáticamente a su población
Se le acabó la suerte al dictador. De madrugada, las fuerzas militares de Estados Unidos extrajeron quirúrgicamente a Maduro y a su esposa. El operativo se ejecutó en menos de 30 minutos. Al menos 40 personas, la mayoría cubanos, que eran parte de la guardia presidencial, cayeron abatidos.
Esta acción tiene un mensaje geopolítico muy claro. No hay mucho espacio para la interpretación. Las cartas están sobre la mesa. El hegemón ha sido explícito, prístino y directo. Las consecuencias de este cataclismo serán enormes para el funcionamiento cotidiano de este hemisferio.
Como lo reconoció el propio presidente estadunidense, la captura de Maduro tuvo un propósito central: el control del petróleo para garantizar objetivos concretos en torno a su seguridad nacional y la balanza de poder con otras potencias internacionales y de paso recuperar los beneficios de estas actividades entre el pueblo venezolano.
Ahora que los ojos del mundo vuelven a mirar a Venezuela es importante recordar que las actividades criminales de Maduro y sus círculo de cómplices ya habían sido denunciadas reiteradamente por Luis Almagro durante su gestión como secretario general de la OEA (2015-2025).
En septiembre de 2018 los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá solicitaron a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que investigara supuestos crímenes de lesa humanidad y abusos a los derechos humanos ocurridos en Venezuela desde el 12 de abril de 2014 bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
Incluso, con posterioridad al monumental fraude electoral de 2024, Almagro solicitó a la CPI que se ordenara el arresto de Maduro por cometer un baño de sangre contra los manifestantes tras las elecciones de ese funesto domingo.
Finalmente, el 19 de mayo de 2025, un informe del panel de expertos independientes de la OEA sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela acusó al gobierno de Caracas de atacar sistemáticamente a su población.
Los miembros del panel: Santiago Cantón, Joanna Frivet y Manuel Ventura Robles concluyeron que la represión electoral marcó un punto de inflexión crítico: el momento en el que el Estado venezolano avanzó desde la comisión sistemática de graves crímenes de lesa humanidad hasta la consolidación de una infraestructura autoritaria que mantenía el poder a través del miedo, la violencia y la represión.
Al menos 51 personas fueron desaparecidas por agentes estatales desde las elecciones de julio de 2024, más de 2 mil 400 personas fueron detenidas en un lapso de nueve días tras los comicios y al menos 25 civiles fueron asesinados durante las protestas poselectorales.
BALANCE
Los resultados de la gestión de Maduro fueron desastrosos. El aumento de la inflación y la pobreza, las fallas en el sistema de servicios públicos, el colapso del sistema de asistencia y la ruina de la industria petrolera hubieran causado la salida de cualquier gobierno democrático, pero no de esta dictadura. Sin rubor, y con la complicidad y tolerancia de muchos “países amigos”, Maduro se robó flagrantemente todas las elecciones en las que participó.
A la luz de los acontecimientos recientes, no podemos olvidar que en 2024, Edmundo González, con el impulso decisivo de María Corina Machado, ganó la presidencia de la República, a pesar de un Consejo Nacional Electoral parcial y tutelado por el régimen. Los resultados fueron trucados y la victoria se arrebató a los genuinos triunfadores.
En 2026, la única salida posible para reconstruir a Venezuela pasa por el camino de elecciones libres, justas y limpias, con observación internacional, un Consejo Electoral independiente y autónomo y garantías genuinas para todos los participantes. Ésa sería la única transición democrática posible.
