Cuidar al árbitro

La Carta Democrática Interamericana, adoptada por los Estados miembros de la OEA, indica: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.

La Carta considera como elementos esenciales de la democracia representativa el respeto a los derechos humanos; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto; el régimen plural de partidos y la separación e independencia de los poderes públicos.

Los órganos electorales tienen la función de resguardar el derecho universal a elegir y ser electo, así como la celebración de elecciones limpias y creíbles como expresión de la soberanía del pueblo, como está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos en la materia.

El accionar de los órganos electorales como árbitros de los procesos electorales tiene un gran impacto en la legitimidad de los mismos, en la confiabilidad de los resultados y en la aceptación de las reglas del juego democrático por parte de los contendientes y los ciudadanos.

Entre las principales labores de los entes electorales destacan la supervisión y fiscalización del proceso electoral, incluyendo los aspectos orientados a asegurar la equidad, la integridad y la transparencia de una elección. Esta compleja tarea abarca la determinación de quién puede contender en una elección, quién es elegible para votar, la organización y la conducción de la votación, el conteo de los votos, el escrutinio y el cómputo de los sufragios.

La autonomía de los organismos electorales es una garantía democrática. Éstos deben operar de manera independiente, transparente e imparcial, más allá de cómo estén configurados de acuerdo con la legislación de cada país.

Su gestión debe estar articulada en torno a principios como la independencia, imparcialidad, transparencia, eficiencia y efectividad para resguardar las reglas del juego democrático. Sólo una administración electoral aferrada a dichos principios tendrá condiciones para generar confianza y resguardar la integridad de los comicios.

Los niveles de confianza en los órganos electorales dependen en gran medida del margen de autonomía en el ejercicio de sus funciones, del nivel de la competitividad electoral y, en última instancia, del nivel de confianza de las instituciones de cada país. De acuerdo con el último informe de Latinobarómetro 2016, el nivel de confianza en las instituciones electorales registró 32%, lo cual evidencia un marcado descenso de 44% alcanzado en la medición del año anterior.

BALANCE

La democracia es más que elecciones, pero las elecciones periódicas, libres y justas constituyen un punto de partida para el acceso al poder y la construcción de sociedades plurales e incluyentes. En este contexto de elecciones cerradas y competencia despiadada, cuidar al árbitro de las contiendas políticas es un imperativo moral y político para mantener la credibilidad social y el funcionamiento de las instituciones del Estado. 

Por ello, como indica el secretario general de la OEA, Luis Almagro, “un órgano electoral independiente, imparcial, sano y con capacidades técnicas adecuadas es fundamental para garantizar los derechos políticos de los ciudadanos. Su responsabilidad es nada menos que la de velar por el estricto respeto del derecho a la expresión política del pueblo, único soberano en toda nación, a través del ejercicio del sufragio universal en elecciones libres y justas”. 

* Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia.

                Los puntos de vista son a título personal.

                No representan la posición de la OEA.