Reforma político-electoral: el consenso posible

Con distintas motivaciones e intereses, Manlio Fabio Beltrones y Gustavo Madero coincidieron hace unos días en que la reforma político-electoral es una condición sine qua non para avanzar en la concreción de la reforma energética.

El líder de los diputados priistas reconoció con realismo político una “verdad de a kilo”: para el gobierno y su partido, las modificaciones al Cofipe y la Constitución son un quid pro quocon otras fuerzas políticas ante el enorme interés que existe por modernizar el sector energético y lograr con ello un nuevo relanzamiento de la economía del país.

Ante esta circunstancia, y frente a los apretados tiempos de la agenda legislativa, todo indica, que salvo alguna sorpresa de último minuto, la reforma político-electoral será discutida y aprobada en el Senado de la República la próxima semana.

El planteamiento original, impulsado por el PAN y el PRD, de eliminar de raíz a los institutos estatales locales no sobrevivió el rechazo tajante de gobernadores tan influyentes como Eruviel Ávila y Miguel Ángel Mancera. El acuerdo en este tema será el mantenimiento de los órganos locales modificando el proceso de selección de los consejeros en las entidades federativas.

Con el propósito de evitar la captura política en el proceso de selección de los ciudadan@s que fungirán como consejer@s en los estados de la República, será el Consejo General del nuevo INE quien revisará los perfiles profesionales y políticos de los candidatos y a quien corresponderá aprobar su nombramiento.

De igual manera, se pretende que aumente el número de consejer@s nacionales de nueve a 11. Asimismo, aún persiste una gran incertidumbre sobre el futuro de los cuatro consejeros que aún tienen vigentes sus periodos constitucionales hasta 2014 y 2019.

En el inminente proceso de “nacionalización” de las elecciones, está sobre la mesa que las facultades de fiscalización que vienen realizando los institutos locales serán transferidas al INE, generando con ello un modelo de revisión de cuentas más confiable. En este tema, la pretensión de una “chequera única” de manera obligatoria para todos los partidos no logró generar los consensos necesarios para ser aprobada.

Igualmente, se incorporará una medida muy importante para evitar los abusos en el gasto de las campañas, que tendrá como consecuencia, que aquellos candidatos que rebasen los topes establecidos por el INE pierdan su registro y sean inhabilitados.

En la parte del régimen político, el PRI flexibilizó su postura y aceptó avanzar en una reforma que era indispensable para tener un mejor modelo de rendición de cuentas: la reelección de legisladores y alcaldes. En el mismo espíritu de consenso, el PAN aceptó dejar fuera de la reforma la segunda vuelta para la elección presidencial.

Todos estos cambios al modelo político y electoral del país tendrán consecuencias de carácter presupuestal que no fueron considerados en el ejercicio 2014. Si la reforma avanza será urgente que se establezca un periodo de transición que pueda solventar todos los ajustes que se presentarán con la transformación del IFE en INE.

Balance

Las reformas que se concretarán la próxima semana son el resultado de un complejo proceso de negociación política entre las tres principales fuerzas del país. Nadie obtuvo todo lo que quería, pero al final persiste una voluntad de seguir avanzando en el camino de las transformaciones del país que no deben ser subestimada.

Es positivo que, a pesar de las diferencias, nuestro modelo democrático tenga la capacidad de seguir procesando reformas que son indispensables para mantener la gobernabilidad del país. Sigo teniendo dudas sobre la viabilidad operativa del INE; sin embargo, estoy seguro que de alguna manera, el Servicio Profesional Electoral del IFE sabrá enfrentar la futura congestión de actividades de manera pulcra y efectiva como lo ha venido haciendo durante los últimos 23 años. Como todas las reformas, la política-electoral no es perfecta. Es la reforma posible.

                Twitter: @pacoguerreroa65